EL TPS Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA HONDUREÑA

7 de Junio del 2017

A unos 1.488 kilómetros de distancia en línea recta se encuentra la capital de Honduras, Tegucigalpa de Miami, Estados Unidos. En una de las calles de un prestigioso barrio de la ciudad norteamericana, un obrero de nacionalidad hondureña trabaja en la instalación de lujosos muebles de cocina, al terminar con sus trabajos se dirigen a sus casas; pero antes ingresa a un restaurante de comida rápida, pide lo usual un combo familiar de pollo. Al llegar a su casa el reloj marca las 7:00 de la noche en punto. En la puerta una pequeña niña de 4 años  recibe a su papa, a dos metros de allí, en la cocina su esposa limpia platos con el hijo mayor de 8 años. Media hora después de cenar todos se dirigen a la cama, mañana se avecina un fuerte día de trabajo y escuela para los niños.

La pequeña historia descrita podría describir la vida de los más de 56 mil hondureños que viven bajo la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en ingles), de acuerdo a datos de la Secretaria de Relaciones Exteriores. El número puesto en un contexto se vuelve realmente grande cuando  lo dimensionamos, es decir, la cantidad de hondureños que se acogen ante este instrumento podría representar la población de Islas de la Bahía, o una pequeña ciudad como Juticalpa. La cifra por si sola dimensiona una realidad a la que muchos gobiernos no habían considerado la cancelación del TPS por el Gobierno de Estados Unidos, que sin duda  plantea dos preguntas esenciales si efectivamente el acuerdo suscrito por ambos gobiernos es cancelado, la primera ¿qué van a hacer todos los hondureños deportados? la segunda y tal vez más importante ¿qué acciones prevé el gobierno si el TPS se cancela?

Para responder la primera pregunta es necesario considerar que tal como su nombre menciona el TPS es muy claro al decir que es temporal, tal como lo explicó el embajador de USA, James Nealon, es “temporal y no permanente”,   por lo tanto quienes se acogieron dentro de este estatus debieron prever que en algún momento podría ser cancelado, y en ese sentido, se debieron hacer las consideraciones debidas como ahorros, propiedades en sus países de origen para vivir cómodamente, entre otras consideraciones para sobrellevar una eventual cancelación. En tanto la segunda pregunta, plantea muchas interrogantes de las cuales ni este, ni gobiernos anteriores conocen su respuesta para acoger a los miles de hondureños que regresarían a sus patrias.

En el aspecto humano, el escenario es muy sombrío porque implica la desintegración familiar de padres e hijos que viven en los Estados Unidos, ya que muchos de estos hondureños formaron un hogar durante los veinte años de duración del estatus de protección. Además de perder familias, los que viven con el TPS se afrontan a un mundo desconocido ya que por muchos años han vivido en otro país y desconocen otra realidad. En otros términos, como los económicos implica la pérdida de ingresos por la pérdida de un trabajo, la venta de casas, propiedades y coches, entre otras cosas.

Pero para los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, representa un panorama que visto desde cualquier punto de vista es muy desalentador. En aspectos económicos, la perdida de las remesas supone un duro golpe a la economía del país, solo en Honduras en el 2015 se percibieron 3, 730 millones de dólares, que representó el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales gran porcentaje provienen de los ciudadanos acogidos al TPS. En un aspecto social, no se cuenta con fondos para  un programa de reinserción social efectivo para los migrantes retornados, que deberán acoplarse a un País con pocas fuentes de empleo y una tasa de desempleo que roza el 8 % de acuerdo al último dato. En otro punto, la situación en unos cinco años podría presentar escenarios de incremento de violencia en puntos del país debido a la falta de empleo o crisis en salud, y proyectos sociales.

Debido a esta problemática los gobiernos de los países interesados como Honduras realizaran gestiones a través del poder ejecutivo  para extender el TPS, como las ya anunciadas por el gobierno con las reuniones  que sostendrá el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández con el vicepresidente de USA,  Mike Pence en el marco de una cumbre sobre seguridad en Miami. En dicha reunión también participarán los presidentes de El Salvador y Guatemala, países que afrontan retos similares. En ese sentido, dicha reunión será clave para conocer el destino de los miles de hondureños que residen en la nación del norte y de la economía del país que mantiene muchos de sus proyectos sociales y económicos  con dinero que  ingresa por factores de remesas. 



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