INCREMENTA IMPORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN HONDURAS

13 de Agosto del 2014

Una investigación realizada por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), indica que el 81.6% de las muertes violentas que ocurren en el país son cometidas con armas de fuego y que un 80%  de ellas circulan de manera ilegal en Honduras.

El estudio denominado “Caracterización del sistema de control de armas de fuego y municiones en Honduras 2000-2013” revela que entre 1975 y el 2012 se vendió en Honduras un promedio de 180 mil 147 armas de fuego.

Asimismo indica que en el año 2000 el país importó el equivalente a 5.7 millones de dólares en armamentos, en el 2001 fueron 8.2 millones y en el 2011 se importaron 16.6 millones a través de diferentes mecanismos, entre ellos los envíos postales, envíos urgentes, tráfico fronterizo, equipaje de viajeros, menaje de casa y pequeños envíos sin carácter comercial.

Las principales instituciones que importan armas, según el documento, son la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas a través de La Armería, la Secretaría de Seguridad para la Policía Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores, también la Secretaría de Finanzas, la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras.

Registro y portación

“La tenencia de armas de fuego ha sido manejada por el imaginario popular como un derecho de propiedad pero lo cierto es que para poder tener o portar una se requiere la autorización del Estado a través de sus autoridades competentes, de lo contrario conlleva al decomiso y se incurre en una falta”, señaló la investigadora del IUDPAS, Leyla Díaz.

En el 2003 se estableció que la Dirección Nacional de Investigación Criminal sería la encargada de realizar el registro nacional de armas pero en abril del 2008 el proceso se debilitó debido a que la empresa que ganó la licitación interrumpió sus funciones e interpuso una demanda millonaria contra el Estado de Honduras.

La Secretaría de Seguridad retomó el registro en el 2009, sin embargo eso conllevó al cierre de las oficinas regionales y a la desmotivación de la ciudadanía de desplazarse hacia San Pedro Sula y el Distrito Central para registrar sus armas. Actualmente el promedio diario de registro es de 35 a 50 armas de fuego y la renovación aproximada de 2 a 5.

Según la investigación, para el Registro Nacional de Armas se requieren al menos 21 millones de lempiras.

Los investigadores coinciden en que para que este proceso sea efectivo se requiere de procesos interinstitucionales de capacitación, actualización y especialización del personal, desarrollado de forma continua que involucre a todos los actores del control, aduanas, migración, policía, militares, fiscales, jueces, defensa pública, entre otros.

Amnistías

Las estrategias de regulación tanto local como nacional han sido variadas pero las más significativas, de acuerdo con la investigación, son las relacionadas con las amnistías de registro. Ha habido 10 en total, de las cuales 9 tienen que ver con el registro y una con la entrega voluntaria.

La investigación establece que durante la amnistía 2013-2014 que finaliza en el mes de octubre, el Registro Nacional de Armas ha incrementado su actividad diaria en un 25% es decir, un registro promedio de 50 a 70 armas de fuego, procedentes el 20% de compras efectuadas en La Armería y el 80% de traspasos entre particulares, en atención a la acción de extinción de responsabilidades civiles y penales.

Los períodos más significativos en materia de amnistías se han dado durante los gobiernos nacionalistas, las cuales han tenido una duración total de cinco años.

Otro de los mecanismos de control de armas es el sistema de identificación balística de la Policía Nacional y del Ministerio Público.

En el año 2010 la Policía Nacional tenía 62,000 muestras de armas registradas y para el 2013 el Ministerio Público contaba con 18,000 muestras de escenas del delito. Sus bases de datos han contribuido a resolver casos con las muestras encontradas en la escena del crimen.

Antecedentes históricos

La historia revela que ”gozar del derecho de tener y portar armas con arreglo a la ley” estaba contemplado en la Constitución Política para los Estados Unidos de Centro América pero ya en 1965 se requería del permiso de la autoridad competente.

En 1973 la Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad Pública, trasladó esa facultad al Instituto de Previsión Militar y según la investigación del IUDPAS, “no se puede establecer cuantos permisos se otorgaron en esa época porque no hay un registro que permita contabilizarlos ya que los mismos se entregaban a discrecionalidad en los distintos estamentos militares del país”.

En 1982 la   fabricación, importación, distribución y venta de armas, municiones y artículos similares era una facultad privativa de las Fuerzas Armadas hasta 1985 cuando sereglamentó por el Poder Ejecutivo lo relativo a la tenencia y portación de armas.

La Armería, entidad encargada de la distribución y comercialización de armas de fuego en Honduras, posee 8 establecimientos en Francisco Morazán, cuatro en Cortés, 1 en Yoro, 1 en Atlántida, 2 en Olancho y 2 en Copán.

En ese sentido la directora del IUDPAS y coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia, Migdonia Ayestas, señaló que “al hecho de que La Armería comercializa armas en los nueve departamentos más violentos de Honduras se le suma el problema de las armas de fuego en propiedad de las empresas de seguridad privada que tienen un promedio de 400 mil”.

Ayestas fue del parecer que debido a que no hay un verdadero registro, “se desconoce en qué actividades ilícitas se están utilizando ya que ha sido imposible establecer esa vinculación entre las armas usadas en la escena del crimen y los criminales”.

Para el 2007 y 2008 la tasa de homicidios fue de 49.9 por cada cien mil habitantes y la presencia de armas de fuego en los hechos era de 75.8%; en ese momento las organizaciones de la sociedad civil comenzaron una serie de acciones para el establecimiento de un marco regulatorio más restrictivo, logrando crear el proyecto de ley que está en discusión en el Congreso Nacional.



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