Ampliación del presupuesto de defensa y seguridad no evitará homicidios: IUDPAS

Luego de que el Poder Ejecutivo solicitara al Congreso Nacional la ampliación del presupuesto de las secretarías de Seguridad y Defensa, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) manifestó, mediante un comunicado, que esa medida no prevendrá los homicidios en el país.

“Para el año 2018, las muertes por sicariato y las muertes vinculadas a drogas y maras sumaron 42.5% de los homicidios; y los homicidios por causa no determinada suman el 26.9%. Este tipo de muerte hace un total de 69.4%, y estos crímenes no se previenen con más policías en la calle”, indica el documento.

El IUDPAS es del parecer que el Ministerio Público y el Poder Judicial, responsables de la investigación criminal, de la carga probatoria y de la sanción del delito, siguen teniendo un presupuesto que no guarda proporción con la carga de delitos que deben investigar, judicializar y juzgar.

En lo que va del año 2019, los 13 eventos de muertes múltiples donde se han registrado 48 víctimas han sucedido en diez municipios, lo que se deduce como una alta concentración geográfica de los hechos violentos y criminales, por ello, la solicitud de los señores alcaldes, quienes pidieron al presidente más policías, no se fundamenta en datos consistentes; los municipios se deben atender de acuerdo a la modalidad de los delitos y los crímenes que enfrentan.

“Un alto porcentaje de muertes violentas es la expresión de delitos de crimen organizado vinculado al tráfico de drogas, extorsión y otros delitos que tienen un alto nivel de organización y articulación; enfrentarlos requiere acciones focalizadas de las tareas de inteligencia y de persecución de los responsables”, añade el IUDPAS.

Por otra parte, estadísticas del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) demuestran que las Secretarías de Seguridad y Defensa, en conjunto, han tenido un incremento en el presupuesto nacional que pasó de 4.61% en el 2010 a 5.77% en el 2019.

Extorsión

Según el IUDPAS, la extorsión es de los delitos más desestabilizadores y de gran impacto en la familia, además de ser responsable de una cantidad no determinada de homicidios, migración y pérdida de empleo, además que ataca a las familias de diferentes estratos económicos, y a negocios de diferente volumen, por lo que el Estado debe focalizar este delito como prioridad para combatirlo.

Por estas razones, el Instituto considera que se deben revisar la política de seguridad y defensa y las estrategias para combatir el delito y el crimen, y que no es la asignación de más presupuesto lo que va a sostener los logros hasta ahora obtenidos.

Asimismo recomienda que los pasos siguientes deben orientarse a políticas económicas y sociales, que generen más oportunidad de empleo digno y con derechos laborales que den seguridad y garantías a los trabajadores, para que los hondureños tengan en las actividades lícitas la oportunidad de desarrollo humano sostenible.

Desmilitarización

Además la Organización de las Naciones Unidas (ONU) demandó al Estado de Honduras diseñar e implementar un plan de seguridad que permita un progreso medible hacia la desmilitarización de las funciones de orden público.

La recomendación está consignada en el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2018, divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

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