CASI UN MILLÓN DE ARMAS CIRCULAN ILEGALMENTE EN HONDURAS

Estimaciones del Small Arms Survey (SAS), indican que en Honduras hay aproximadamente un millón 200 mil armas de fuego, de las cuales solo 300 mil están registradas y 900 mil circulan de forma ilegal, es decir, el 75%.

La problemática se agrava ante la escasa regulación del Estado en la tenencia, portación, compra, venta y registro de éstas y la presencia de las mismas en la comisión del 80% de los homicidios en los últimos 10 años, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En ese sentido la experta costarricense Ana Yancy Espinosa expuso que es necesario analizar la cantidad de armas que se le permite a cada persona ya que “son estas las que más están inflando las cifras de homicidios, lesiones y participación en delitos”.

Asimismo señaló que la reducción de las armas de fuego tiene que ver con mejores formas de control de parte del Estado, tanto de las armas de las empresas de seguridad privada, que son de las que más fácilmente pasan de lo legal a lo ilegal y las armas de las fuerzas de seguridad pública y las que pertenecen a civiles.

Medidas de control

Durante su participación en el conversatorio “Armar y desarmar la violencia” organizado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y SAS, con el auspicio de la Cooperación Suiza, Espinosa fue del parecer que “las medidas de control deben incluir no solo el arma sino también la cantidad y tipo de municiones”.

“Quienes tienen armas deben hacerse responsables de las mismas. En países como Belice, la persona que pierde su arma queda inhabilitada por dos años”, comentó.

De acuerdo con Espinosa, las armas de fuego que participan en la comisión de delitos, especialmente de homicidios,  se utilizan en al menos tres escenarios diferentes, en la criminalidad común, el crimen organizado y en espacios interpersonales.

Por su parte la investigadora del IUDPAS, Leyla Díaz, destacó que “las armas que la ley autoriza son las que más están participando en la comisión de delitos a diversos niveles”.

Los expertos coinciden que en la región centroamericana hay una tendencia generalizada de tráfico de armas denominada “tráfico hormiga”. Niños, mujeres o miembros de alguna comunidad indígena se trasladan de un país a otro con armas de puño para venderlas a precios elevados.

Al respecto Díaz aseguró que “las autoridades deben asumir su rol y evitar los mecanismos de corrupción que van desde las aduanas, unidades de control de armamentos, Fuerzas Armadas y Ministerio Público, hasta culminar con la Corte Suprema de Justicia que es el último eslabón de la cadena”.

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