El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), desde marzo de 2020 hasta la fecha, ha interpuesto ante el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 120 denuncias de actos de corrupción relacionadas con la COVID-19, de las cuales solo 17 han sido judicializadas.

Según Ensel Antony García, de la Dirección de Investigación del órgano de la Sociedad Civil, estos actos de corrupción han derivado en un perjuicio económico a los fondos estatales de 8,94.5 millones de lempiras solo en el año 2020.

En la actividad "Honduras: corrupción en tiempos de COVID-19", coordinada por la Unidad de Vinculación Universidad-Sociedad de la Facultad de Ingeniería de la UNAH, García expuso que para enfrentar la crisis, el gobierno destinó 93 mil 287 millones de lempiras, de los cuales 61,984 millones se financiaron mediante deuda pública (préstamos).

Para el jurista del CNA, el génesis de estos casos de corrupción se originó el 10 de febrero del 2020 con el PCM 005-2020, donde se registraron los primeros movimientos con indicios de corrupción ya que facultaba en su artículo 5 un movimiento presupuestario de 110 millones de lempiras del fideicomiso de la partida Fondos de Reducción de la Pobreza para que Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) agilizara con esos fondos los procesos de carreteras.

Mediante la misma vía, el exponente indicó que a través del Decreto Ejecutivo 33-2020 se le autorizó a Invest-H la compra de los hospitales móviles que a la postre sería el caso de corrupción y estafa más sonado en plena pandemia.

Estos casos encendieron las alarmas para que el CNA empezara una serie de investigaciones a partir del 17 de abril de 2020, investigaciones que dan como resultado 14 informes técnicos y científicos lanzados hasta la fecha, con documentación y relaciones de causalidad, con análisis jurídicos, financieros y de ingeniería.

El primer caso documentado por el CNA lo presentó el 17 de abril sobre la adquisición de mascarillas quirúrgicas y guantes descartables a precios elevados por parte de la Secretaría de Salud, el 12 de mayo publicó un informe donde exponía las irregularidades en la adquisición de ventiladores mecánicos por parte de Copeco, ya en junio enfiló sus líneas de investigación en el caso de los hospitales móviles, dando como resultado el informe “El jugoso negocio de la intermediación en la compra irregular y sobrevalorada de los hospitales móviles”.

García expuso que el modus operandi de los corruptos relacionados con las compras y adquisiciones de equipo y material de bioseguridad va desde las sobrevaloraciones, compras distintas a los requerimientos técnicos y simulaciones contractuales.

En el caso de las sobrevaloraciones, el investigador del CNA remarcó que el primer acto de corrupción fue la compra de mascarillas sobrevaloradas en más de 57 millones 566 mil lempiras, además de no ser aptas para uso médico, las cuales se distribuyeron a personal de primera línea, por lo que se investiga la relación entre las mismas con las muertes de médicos y enfermeras.

En cuanto a los casos de corrupción vinculados a las compras distintas a los requerimientos técnicos, expuso que se compraron ventiladores mecánicos incompletos y con meses de retraso por parte Copeco.

De igual modo, relacionó la compra de ventiladores por parte de la Invest-h con el modus operandi “simulaciones contractuales”, puesto que la Ley de Contratación del Estado establece que no se debe dar anticipos arriba del 20% sin alguna garantía, mientras que Invest-H dio un anticipo del 80%, igual acción realizada para la adquisición de los hospitales móviles.

Además explicó que una empresa beneficiada en vender este tipo de materiales y equipo biomédico estaba relacionada con otra sociedad mercantil vinculada al millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Hospitales móviles

El caso de los hospitales móviles, dio para varias investigaciones que van desde la sobrevaloración, la estafa y las condiciones de los mismos, en esta última se constató un deterioro e indicios de oxidación, alto nivel de corrosión en su parte externa, las estructuras no cuentan con ningún sistema de evacuación de agua lluvia, alto nivel de ruidos y vibraciones e ineficiencia en distribución física.

Asimismo, no se encontró una sala de quirófano ni ventiladores mecánicos, ineficiencia en ingeniería biomédica, equipo usado, equipo vencido, repuestos sin mercado, ineficiencia en agua potable; hasta hoy solo funciona uno en San Pedro Sula y con altas deficiencias.

En su conclusión, García manifestó que los involucrados al ser descubiertos, improvisan, tal es el caso de la adquisición de la carpa de Villanueva, Cortés, donde hubo un perjuicio para el Estado arriba de 5.5 millones de lempiras, corrupción e improvisación que afectan el derecho a la salud, entre otros.