Diplomado en Derecho Electoral de la UNAH constituye un escenario de debate y planteamiento de soluciones

De cara a las elecciones primarias de 2021, el diplomado busca capacitar y actualizar a la población en estos temas.

El Diplomado en Derecho Electoral impartido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas (FCJ), “es considerado un escenario de debate, discusión, y de planteamiento de soluciones que reclama las fuerzas políticas y se justifica por los cambios en la agenda nacional electoral”, señaló la abogada Jenssy Paz, jefe del departamento de Derecho Administrativo y coordinadora académica de los diplomados de esta facultad.

La actual edición del diplomado constituye su tercera promoción y cuenta con la participación de 40 profesionales de diferentes áreas relacionadas con la materia que culminarán con su formación el próximo 15 de diciembre. El programa está compuesto por siete módulos.

La abogada Paz señaló que la ideología y objetivo del Diplomado en Derecho Electoral es conocer el desarrollo democrático en Honduras que tiene como antecedentes el fin de las dictaduras militares en la década de 1980 y la creación de la constitución de la República que establece la existencia de un Tribunal Supremo Electoral (TSE) como un ente autónomo independiente con una personalidad jurídica.

Refirió que la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, creada según decreto 44-2004, establece que su reglamento y su orden público rigen todos los procesos electorales que se celebran mediante el sufragio universal, así como los organismos electorales, partidos políticos, alianzas, candidaturas independientes, entre otras.

Luego con ciertas reformas al artículo 51, se estipuló que para el ejercicio de la función electoral se crea el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien dirige los actos y procedimientos administrativos, técnicos y de logística; hay así una nueva institucionalidad electoral que tiene como reto fundamental empoderar a la ciudadanía y actores políticos  y prepararlos para el futuro en procesos electorales, dotándolos de herramientas académicas que permitan hacer frente a esta nueva realidad política  y conocer un accionar del TSE y su ley.

“Es por ellos que podemos decir que el Diplomado en Derecho Electoral presenta una función formadora en la vida política del país debido a sus capacidades organizativas con la realidad política que se vive, y a la vez constituye una función cívica, por cuanto se considera como una valiosa herramienta educativa para la ciudadanía hondureña”, afirmó la profesional del derecho.

Paz agregó que capacitar y actualizar a la población en estos temas y conocer los principios, normas y reglamentos le permiten a la ciudadanía una mejor comprensión para expresar y hacer las consultas necesarias. Crear y cuidar estos espacios resulta imperativo para la academia, especialmente de cara a las elecciones primarias en 2021 que se realizarán en el país.

Con este diplomado se logra socializar la legislación en esta materia y fortalecer las capacidades para la toma de decisiones enmarcadas en la ley. También permite conocer las reformas constitucionales, además proporciona criterios para tener una conducta madura y entablar un proceso de diálogo para resolver diferencias en momentos de crisis.

“El aprovechamiento de los participantes ha sido excelente, quienes consideran que siete módulos son muy poco ya que los temas son muy profundos y necesarios de conocer en la actualidad, dada la nueva Ley Electoral”, detalló la abogada.

De acuerdo con los resultados esperados, la UNAH responde a los nuevos desafíos en pro del desarrollo de propuestas de mejora en el derecho electoral hondureño y además se proyecta promover investigación en la materia.

Este Diplomado se desarrolla con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Está dirigido a funcionarios de los órganos del sistema electoral hondureño, Registro Nacional de las Personas (RNP), Consejo Nacional Electoral (CNE), TJE y Unidad de Política Limpia (UPL), funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, diputados y asesores del Congreso Nacional, dirigentes y militantes de partidos políticos, representantes de elección popular, líderes de opinión, docentes universitarios y otros profesionales, que tengan interés en la materia.

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