EL ESTADO DE HONDURAS LE FALLÓ A BERTA CÁCERES: COORDINADOR DE LA CARRERA DE DESARROLLO LOCAL

Estudiantes de la Máxima Casa de Estudios solicitaron justicia ante el crimen de la ambientalista.

“En definitiva el Estado de Honduras le falló a los ciudadanos, le fallo a Berta Cáceres y le está fallando a los líderes ambientalistas”,  así lo aseguró el coordinador de la Carrera de Desarrollo Local y catedrático, Miguel Macías.

A un año del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) participaron en la jornada videodocumental sobre la vida, el legado y su contribución en la defensa de los bienes comunes y la naturaleza.

La actividad se llevó a cabo con la finalidad de que los estudiantes reflexionen sobre los desafíos que cada ciudadano debe asumir en la construcción de un nuevo modelo de país, con criterio de equidad y con respeto a la naturaleza.

“Por qué las tareas de Berta trascendieron a la lucha ambientalista, hoy día la reconocemos por su labor en la defensa del medio ambiente, sobre todo de los proyectos extractivistas; estuvo al frente de una lucha anticapitalista, creía que este sistema es depredador de la vida”, indicó Macías.

El sociólogo añadió: “Es importante que nuestros estudiantes entiendan cómo una persona tan joven abrazó tantas luchas, cómo una persona tan joven pudo dedicar la totalidad de su vida a emprender causas en defensa de la humanidad; estamos obligados a asumir su legado, a conocerlo a profundidad y sobre todo, a tomar un compromiso frente a alguna de esas causas que ella lideró”.

Según el catedrático, es de suma importancia que los estudiantes incorporen dentro de su -formación académica- el ejercicio reflexivo de los procesos sociales.

Sobre el hecho de que a un año de su fatídica muerte, aún no se haya capturado a los autores intelectuales del crimen, el catedrático opinó: “Esto indica con cuánta seriedad el Estado de Honduras asume la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos; el Estado de Honduras ha quedado en evidencia ante la comunidad nacional e internacional de la poca capacidad en términos de inoperancia que tienen las instituciones prestadoras de justicia”.

Por otra parte, el último informe de Global Witness ha colocado a Honduras en el primer lugar de persecución y asesinato hacia líderes ambientalistas, “creo que esto es gravísimo para una sociedad y un Estado como el nuestro”, aseguró el sociólogo.

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ASESINATO DE BERTA CÁCERES

El 3 de marzo de 2016, agresores no identificados irrumpieron en la madrugada la casa de la defensora indígena de renombre mundial, Berta Cáceres, ubicada en La Esperanza, Intibucá,  y la asesinaron.  Posteriormente el 2 de mayo, cuatro personas fueron arrestadas por suponerlas autoras materiales del homicidio, una de ellas vinculada directamente como el gerente de temas sociales y medio ambiente de la empresa Agua Zarca.

De acuerdo con la Oficina del Procurador Público de Honduras, dos de las personas arrestadas tienen relación con Desarrollos Energéticos SA (DESA), la compañía hondureña que estaba construyendo la represa de Agua Zarca, a la que se oponían rotundamente Berta y el Copinh, su organización.

La defensora realizó una campaña exitosa en contra del proyecto hidroeléctrico, que inició sin que se consultara adecuadamente ni se obtuviera el consentimiento de las comunidades indígenas locales.

Berta Cáceres estaba profundamente involucrada en la campaña por la defensa del río Galcarque, el sitio propuesto para la represa hidroeléctrica Agua Zarca, que está siendo desarrollado conjuntamente por la empresa hondureña Ficohsa y la empresa multinacional Sinohydro.

Berta Flores, madre de Cáceres, contó que unos días antes de su homicidio, la ambientalista visitó el rio Gualcarque y tuvo un altercado muy grave con los militares y los dueños de la empresa: “Ella me dijo que tenían que detener la construcción porque era destruir la vida y la humanidad”, manifestó.

Por otra parte, comentó que su hija tenía dictadas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), sin embargo, en la práctica no recibía protección del Estado, por la presión de las autoridades que defienden a las mineras y empresas hidroeléctricas.

En conclusión, a un año de su fatídico asesinato, el crimen de la ambientalista mundialmente conocida sigue en la completa impunidad,  ninguna de las instituciones prestadoras de justicia del país ha podido resolver el delito en función del fortalecimiento de la justicia.

 

 

 

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