En Honduras hay 78 proyectos mineros y 47 iniciativas para generar energía eléctrica dentro de áreas protegidas

En Honduras existen 78 proyectos mineros y 47 iniciativas para la generación de energía eléctrica dentro de áreas protegidas o en microcuencas declaradas; situación que evidencia la debilidad y la flexibilidad del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades socioambientales, concluyó el estudio “Territorios en Riesgo lll” en donde se analizó el contexto de la minería, los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica en el país.

La indagación también pudo constatar que el área total destinada para la extracción minera en Honduras podría aumentar en 330%, considerando que entrarán en operación las concesiones de minería solicitadas y en exploración hasta el 2020.

El estudio detalla que el sector pasaría de 131,515 hectáreas a una explotación potencial de 565,128, es decir, este rubro abarcaría 5% del territorio nacional; los expertos también identificaron que los proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos y de generación de energía están cambiando la geografía del país.

En cuanto a la generación de energía eléctrica, la iniciativa estimó que si todos los proyectos que se encuentran en las diferentes etapas (suspendidos, en estudio, en proceso, aprobados, vigentes y en construcción) llegan a operar, el sector crecería 145%, pasando de los 112 proyectos actuales (con una capacidad de 2830 megawatt -MW) a 307 proyectos (6,933 MW).

Es decir, si todas las iniciativas previstas llegan a operar antes del 2021, su producción superaría las necesidades energéticas del país, aun tomando en cuenta los niveles de pérdidas energéticas, que para 2020 se reportaron en 37.8%. 

Además, por primera vez en la historia del país, el Estado hondureño aprobó en 2020 un plan de explotación de hidrocarburos, el cual abarca 17,030 kilómetros cuadrados (km²) del Caribe hondureño.

En 200 municipios, es decir el 70% del total en el país, hay áreas de concesión minera o proyectos de generación de energía eléctrica; las autorizaciones mineras se extienden sobre 185 municipios y los de generación de energía eléctrica sobre 81, mientras otros 25 distritos en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos.

Con base en el mapeo realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en los territorios indígenas existen 82 concesiones mineras, 35 planes de generación de energía eléctrica, y una única concesión de hidrocarburos; con estos proyectos la red fluvial se encuentra amenazada.  

El documento detalla que si todas las concesiones mineras y los proyectos de generación de energía eléctrica llegan a operar, la extensión de los ríos afectados en el país crecería del 29% actual a un 41%, repercutiendo directamente en las poblaciones que se encuentran alrededor de las operaciones, afectando incluso zonas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Además, la aprobación de estas concesiones va de la mano con las nuevas políticas que aceleran el otorgamiento de las licencias ambientales y obstruyen el acceso a la información pública, violentando los derechos de las y los hondureños.

“Se reconoce que el modelo económico y de consumo requiere de materiales extraídos y de la energía eléctrica como recursos estratégicos, sin embargo, los argumentos políticos bajo los cuales se aprueban las concesiones, como incrementar el empleo, reducir la pobreza o atraer la inversión, han fracasado, incumpliendo el principio básico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el cual indica «que nadie se quede atrás»”, ratifica la indagación.  

Para el caso, los beneficios otorgados a las empresas mineras generalmente van en detrimento de la economía nacional, a pesar que su aporte no supera ni el 1% del Producto Interno Bruto (PIB). 

El marco legal y el régimen fiscal de la energía eléctrica ha provocado una crisis financiera histórica en el sector.

La expansión de los proyectos de minería, hidrocarburos y de energía, dada la debilidad del Estado en aplicar los mecanismos de ordenamiento territorial para proteger los recursos, ha provocado la oposición de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, que dependen de las tierras agrícolas, de los bosques y de las fuentes de agua para su subsistencia.

El movimiento social señala violaciones a los derechos humanos, el deterioro de los recursos naturales, deficiencias en las políticas públicas relacionadas, así como el favorecimiento estatal para beneficiar a las empresas, en detrimento de la población.

Solo en 2020, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) reportó el asesinato de cinco defensores y de tres defensoras de derechos humanos.

Los expertos señalan que la situación se complica con la militarización existente en el país, con la criminalización de la protesta y con la impunidad en la que se dan las constantes agresiones en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría, relacionados con la defensa del medioambiente, de la tierra o del territorio.

Este contexto de violencia impacta directamente a las mujeres que se oponen al extractivismo, para el caso, solamente en 2015, se registraron más de dos mil agresiones en contra de ellas, y además, entre 2016 y 2017, 60% de sus victimarios reconocidos fueron policías, militares, autoridades del Estado o representantes de empresas privadas.

La tercera entrega del estudio recomienda analizar y comparar los indicadores para identificar el impacto de los proyectos extractivistas en la ciudadanía (especialmente en las mujeres y en los jóvenes), en sus medios de vida, en el tejido social de las comunidades y en la economía nacional.

El objetivo de esta investigación es aportar herramientas para la toma de decisiones en beneficio de estos sectores; el estudio está basado en los documentos Territorios en Riesgo: minería, tierra y agua en Honduras (2017) y Territorios en Riesgo II: minería, hidrocarburos y generación de energía eléctrica en Honduras (2019).

Sobre los autores, el instrumento explica que el documento fue escrito por Benjamin Fash (Clark University) con el apoyo de Emma C. Velásquez y Julio Rivera (Fosdeh); José Cáceres (OUOT-UNAH) y las contribuciones de Leana Corea (Oxfam en Honduras) y Nicholas Cuba (Auburn University). Asimismo, ha contado con las aportaciones de Scott Sellwood (Oxfam América), George Redman (Oxfam en Honduras) y Mauricio Díaz Burdett (Fosdeh).

Geoportal de Territorios en Riesgo

Por otra parte, se pone a la disposición de la ciudadanía hondureña el Geoportal de Territorios en Riesgo III, mismo que fue elaborado y construido por el Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial de la Facultad de Ciencias Espaciales de la UNAH, en un trabajo conjunto con el Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

El Geoportal brinda datos relevantes en cuanto a minería y generación de energía en Honduras y se deriva del estudio Territorios en Riesgo, el cual es un aporte al debate sobre el futuro de la extracción de minerales, hidrocarburos y de la generación de energía eléctrica en Honduras, señalando los posibles riesgos en los territorios colindantes con estas actividades, basado en la cartografía para identificar conflictos vinculados con el territorio.

El objetivo principal de este Geoportal es la visualización y difusión de mapas e información geográfica relacionada con el catastro minero y energía renovable; para la identificación y localización espacial de temas de impuestos y conflictos en Honduras.  

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