Estudiante de UNAH-VS expone en congreso internacional sobre la evolución de la firma electrónica en Latinoamérica

El evento académico contó con la participación de estudiantes de derecho administrativo de Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, España y Honduras.

David Ramos, estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Valle de Sula (UNAH-VS), desarrolló la ponencia “Evolución de la firma electrónica en las diferentes administraciones y la protección de datos personales en Latinoamérica” durante el III Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Derecho Administrativo “Retos de la Administración Pública en el contexto de la COVID-19”.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la firma es un conjunto de datos electrónicos asociados a un mensaje o documento digital justificado para acreditar la identidad del emisor, identifica el autor legítimo y certifica que el contenido es proporcionado por el emisor. Por el planteamiento anterior, Ramos manifiesta que la firma electrónica cuenta con los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

En su ponencia, el hondureño destacó las ventajas de la firma electrónica ya que la misma se puede obtener fácilmente por medio de un dispositivo, se evita los gastos de legalización, ayuda al medio ambiente, es un proceso novedoso, los documentos electrónicos se conservan en forma digital, de igual manera, resaltó que el envío de los comprobantes vía email de su cliente, y a su vez el usuario podrá consultar sus documentos emitidos.

Ramos afirmó que en Latinoamérica todavía existe una gran diferencia entre lo que constatamos en las administraciones públicas, donde los documentos en soporte de papel proliferan en la mayoría de instituciones y organizaciones gubernamentales, y lo que podría ser la gestión documental electrónica prescindiéndose totalmente de los papeles.

Aseguró que la documentación digital y la firma electrónica hacen que los procedimientos sean más factibles y fáciles para los funcionarios de las administraciones públicas de los países, sin embrago, para pasar a un gobierno digital se necesita legisladores y funcionarios que crean leyes, pero también que acaten las normas enfocadas en la digitalización en los procesos administrativos.

En las primeras legislaciones latinoamericanas respecto a la firma electrónica se desarrollaron en 1998, cuando desde el Mercado Común del Sur (Mercosur) impulsó a sus países integrantes legislar sobre el tema.

El primer país en firmar el Tratado de Mercosur sobre la firma electrónica fue Uruguay en 1998, siguiéndole los pasos Colombia en 1999 y en el 2000 lo hicieron México y Perú, con el tiempo se fuero adhiriendo otros países como Panamá, Brasil, Venezuela, Bolivia; el Centroamérica los hicieron primero Guatemala y República Dominicana, por lo anterior, “el tema de la digitalización en Latinoamérica no es nuevo puesto que lleva dos décadas, con 33 países con legislación de firma electrónica, aunque no todos la pongan en práctica”, sostiene Ramos.

En Honduras, la ley sobre firmas electrónicas fue aprobada en diciembre del 2013 y establece en su primer artículo que “la firma electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad de los firmantes”, sin embargo, este procedimiento en el país no es utilizado en la mayoría de las instituciones del Estado.

UNAH

unahfirma

No obstante, a partir del jueves 30 de abril de 2020, la UNAH adoptó la implementación de la firma electrónica avanzada digital para la agilización de los procesos administrativos en la institución. En ese sentido, la UNAH no solamente realizaría la parte académica de forma virtual, sino también se suma una nueva tecnología en la parte administrativa en gestión y gerencia de manera remota con la adopción de esta firma digital.

Esta iniciativa de firma electrónica avanzada implementada por la Máxima Casa de Estudios del país está avalada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, amparada en todas las instituciones y leyes nacionales, por lo que se convirtió en la primera institución del país en agilizar sus procesos haciendo uso de las tecnologías.

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