Insostenibilidad ambiental y retroceso político e institucional; los riesgos para el desarrollo humano

Fotografía de Delmer Membreño.

Una reciente investigación preparada por diferentes universidades de Centroamérica, el Programa Estado de la Nación (PEN), la Unión Europea, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), afirma que actualmente la insostenibilidad ambiental, y el retroceso político e institucional generan riesgos para el desarrollo humano sostenible en países de Centroamérica y República Dominicana.

Los resultados exponen que todos los países de la región experimentaron deterioro político institucional durante los últimos años, asegura también que Centroamérica y República Dominicana siguen haciendo un uso insostenible de los recursos naturales.  

Los datos del Sexto Informe del Estado de la Región indican que el desempeño general de los países de la región en materia de desarrollo humano sostenible durante el período 2015-2019 fue negativo, particularmente en el plano político y ambiental.

“Tras el análisis, es evidente que Centroamérica y República Dominicana están en una situación compleja y frágil, no solo por los efectos de la pandemia, sino porque previo a ella, los indicadores mostraban una agudización de los rezagos históricos de la región en áreas clave para su desarrollo humano sostenible”, dijo Alberto Mora Román, coordinador de investigación del informe.  

Panorama ambiental

Los expertos aseguran que el problema ambiental tiene serias implicaciones en el desarrollo humano sostenible, y que en Centroamérica y República Dominicana tuvo una baja valoración; En la región, dice el Informe, persiste el uso insostenible del patrimonio natural en un contexto de variabilidad climatológica, lo que implica cambios importantes en los patrones de lluvias y en las temperaturas promedio.

A excepción de Panamá y Nicaragua, el resto de los países de Centroamérica y República Dominicana tienen un déficit ecológico cada vez mayor, lo que significa que el consumo de recursos y la contaminación que se genera es mayor a la capacidad de los ecosistemas para recuperarse.

“Esta situación, junto con la falta de ordenamiento territorial y el crecimiento urbano acelerado, incrementa los altos niveles de riesgo y vulnerabilidad a desastres en la región”, agrega el investigador.

Finalmente, el apartado ambiental destaca que la matriz energética del istmo sigue dependiendo de hidrocarburos importados, y que la cobertura forestal de los países continúa reduciéndose, pese a ello, existen avances como la designación de más áreas protegidas y una creciente generación de energía a partir de fuentes renovables.

Panorama político

El período analizado se caracteriza por dos aspectos: la erosión del sistema democrático, causada principalmente por irregularidades y deterioro en la gestión de los procesos electorales, especialmente en Nicaragua y Honduras; y el debilitamiento del Estado de derecho en toda la región, vinculado a la pérdida de la independencia entre los poderes.

El Informe subraya que la falta de independencia judicial y el bajo presupuesto destinado al Poder Judicial está directamente relacionado con la confianza de la población en la administración de justicia y la baja calificación que, en este ámbito, obtuvieron los países en los índices internacionales que evalúan la democracia.

Al año, el gasto judicial per cápita en la mayoría de las naciones es menor a los 40 dólares, situación que se extrema en Guatemala, Honduras y República Dominicana, en donde anualmente se invierte menos de 20 dólares por habitante. “Esto hace que la justicia pronta y cumplida sea una aspiración y no una realidad en la región”, explica Mora Román.

Se comprobó también el retroceso en la libertad de prensa, el fortalecimiento de las fuerzas armadas y el estrujamiento de la protesta ciudadana. “Lo evidencia un control mayor y más vertical del Poder Ejecutivo con respecto al resto del Estado y la sociedad en los países de la región”, señaló el investigador.

En contraste con el gasto judicial, la cantidad de recursos dedicados a las Fuerzas Armadas continuó aumentando en relación con el período 2010-2015. En el año 2019, el gasto militar por habitante creció especialmente en El Salvador, Honduras y República Dominicana, países en donde superó los 45 dólares por ciudadano. 

Noticias relacionadas:

Comentarios