Instan a universidades a impulsar políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad

En el marco de un ciclo de seminarios web organizado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (VRA/UNAH) y el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), la integrante de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, Marcela Méndez, instó este jueves 13 de enero a las universidades de la región a impulsar políticas públicas que contemplen y visibilicen la perspectiva de este colectivo, desde el enfoque de derechos humanos.

A través de dicho espacio, enfocado a propiciar el análisis y la reflexión compartida acerca de las transformaciones que deben experimentar las instituciones universitarias para alcanzar el compromiso del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), adquirido en la Agenda 2030: garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos, la especialista de nacionalidad argentina resaltó la responsabilidad de las universidades latinoamericanas a 15 años de la aprobación de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De igual manera indicó, con base en el último informe del Banco Mundial, que en la actualidad en la región viven 85 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 14.7% de la población. Adicionalmente los hogares donde hay al menos una persona con discapacidad son más pobres y uno de cada cinco, vive en extrema pobreza; asimismo, el 15% de los niños y jóvenes con esta condición no van a la escuela.

En torno a este último punto, la expositora expresó que existe una lucha por generar, desde el ámbito universitario, datos e información rigurosa y comparable que permita empezar a discutir políticas bajo el entendido que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano y un deber del Estado, y tiene que ver no solo con el acceso, sino también con la equidad.

“Las estadísticas, más allá de que se ha avanzado, siguen siendo una deuda, y las universidades tenemos mucho que aportar en esta cuestión”, manifestó al respecto, mientras agregó que una de cada dos jefas de hogar no está inserta en el mercado laboral y que el porcentaje de inclusión de este colectivo en ínfimo no solo en términos económicos, sino simbólicos. En consecuencia, su exclusión genera pérdidas de entre 2% y 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países y van en contra de los ODS.

En ese sentido destacó el papel de algunas universidades de Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Bolivia y Guatemala, con la creación de redes nacionales de discapacidad.

Perfil de la expositora

La profesora Méndez es integrante de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos y coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, perteneciente al Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina.

Posee un máster en políticas públicas y gobierno, y cursa un doctorado en Educación. Asimismo, se desempeña como investigadora y coordinadora de la Comisión asesora de discapacidad del Vicerrectorado Universitario de la Universidad Nacional de Lanús, y es docente del Seminario de accesibilidad, discapacidad y políticas públicas.

 

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