Justicia social, una demanda de la sociedad hondureña

La pandemia y las tormentas Eta e Iota profundizaron las brechas de desigualdad, según Nazar.

La justicia social definida por Aristóteles como “justicia distributiva” busca la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad como, por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos.

En la búsqueda de esa igualdad en el acceso a esos derechos, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó en el año 2007 crear el Día Mundial de la Justicia Social, y,a partir del 2009 este día fue observado.

De acuerdo con resultados del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a junio de 2019, la brecha de pobreza a nivel nacional ascendía a un 49.8% (de la cual corresponde un 42.6% al área urbana y 57.1% al área rural) lo cual denota un panorama de la realidad que viven millones de personas en el país, incrementándose la desigualdad en gran medida.

Bessy Nazar, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas (FCJ) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expuso que el país es de los más desiguales del mundo, donde existe inequidad en la distribución de la riqueza, y por lo tanto en la calidad de vida de la mayoría de sus ciudadanos, “esto riñe con el artículo N°1  de la Constitución de la República en donde promulga que Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como una República libre e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”.

En su interpretación, la académica  sostuvo que a partir de esa declaración se puede asegurar la preocupación y su acción primordial en el establecimiento y el desarrollo de la justicia social; luego, esta promulgación el mismo Estado la reafirma en el artículo 59 de la Constitución de la República, donde dice que la persona humana es el fin primordial del Estado, “esto implica todo el marco de derechos económicos, sociales y culturales que están detrás de la doctrina de la justicia social y de la doctrina de la distribución de la riqueza en todos sus habitantes por igual a través de desarrollo de estrategias, plan de nación y políticas que vengan a fortalecer estos principios y visiones de desarrollo humano sostenible”.

Asimismo, argumentó que en el artículo 60 de la Carta Magna dice que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho, en Honduras no hay clases privilegiadas, todos los hondureños son iguales ante la ley, por lo tanto, subrayó que los ciudadanos hondureños en estado de pobreza deben ser parte del accionar de políticas públicas y de los planes de Gobierno para elevar su calidad de vida y llevarlos a condiciones de dignidad humana con enfoque de equidad.

Nazar enumeró que la justicia social engloba los derechos a la salud, seguridad social, trabajo, educación, cultura, medio ambiente, vivienda y mejoramiento a la calidad de vida en general; derechos que no goza la población hondureña, según la experta.

Aporte desde la Academia

Por otro lado, la funcionaria dijo que la UNAH contribuye con un factor esencial de justica social que es la educación para ciudadanos que la requieran, desarrollando capacidades en todas las ramas del conocimiento.

En cuanto al aporte de la FCJ, la académica sostuvo que se atiende necesidades de inequidad en cuanto al acceso a justicia, debido proceso y representación legal en juicio, mediante el Consultorio Jurídico Gratuito.

Sostuvo que el goce de una justica social se tendrá en la medida en que este país actué en base a ciencia, evidencia y datos que soporten la toma de decisiones con un eje transversal en derechos humanos, de igualdad y equidad.

Al finalizar, afirmó que “la COVID-19 y las tormentas Eta e Iota nos han dejado una deuda en todas las dimensiones de desarrollo social muy agudas, que van a generar grandes brechas de mayor inequidad y desigualdad, por lo tanto estados como el nuestro deben apostar por políticas redistributivas justas”.

Por su parte Erlinda Flores, directora del Consultorio Jurídico Gratuito (CJG) de la UNAH adscrito a la FCJ, dijo que para lograr justicia distributiva se debe propiciar y fortalecer espacios de intercambio académico para conocer las buenas prácticas que han adoptado otros países e implementarlas en el país; así como también generar espacios de interacción con la sociedad, para así identificar las problemáticas concretas en los sectores de la sociedad, y, de esta forma, esquematizar correctamente las medidas concretas a tomar para articular y ejecutar las políticas públicas o medidas pertinentes orientadas a reducir los rasgos de desigualdad social.

En este punto, Flores  resaltó que el CJG ha coadyuvado a la construcción de una justicia social en Honduras, por medio de su actividad esencial de vinculación Universidad-Sociedad, a través de la cual, por medio de sus servicios de asesoría y representación legal, atención psicosocial, ludocentro y el Centro de Conciliación y Arbitraje, todos estos servicios prestados en modalidad presencial y virtual a la población, con ellos se garantiza a la sociedad la libertad de acceso a estos servicios de manera gratuita sin ningún tipo de distinción en razón de sexo, ideología, género, religión o análogos, los cuales están orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios sobre acceso a la justicia gratuita, solución de controversias legales y el abordaje y atención psicológica de casos de mujeres víctimas de violencia doméstica.

 Al plantarle la interrogante sobre las acciones a emprender para reducir las brechas sociales y económicas en el país, la académica respondió que se debe:

  1. Crear espacios de promoción y capacitación sobre los derechos fundamentales y/o humanos que posee cada habitante, con ello la ciudadanía comprenderá y estará más empoderada en saber cuáles son sus derechos y cómo hacerlos exigibles.
  2. Utilizar con vehemencia los espacios de participación democrática, con ello la ciudadanía se involucrará más en las decisiones que se toman en el país y se producirá una correcta sinergia para el abordaje de los principales problemas que aquejan al país.
  3. Fortalecer la institucionalidad e independencia de los poderes del Estado y sus órganos de control.
  4. Fortalecer y fomentar los espacios de transparencia pública, con ello la ciudadanía tendrá un rol más preponderante en la veeduría relacionada a la administración de los fondos públicos.
  5. Que tomen en consideración la Academia en los espacios donde se toman decisiones, acciones que vengan en beneficio y sobre todo a fortalecer la justicia social.
  6. “Los hombres no pueden cambiar sus realidades sociales ni de justicia social si no reflexionan y evalúan sus comportamientos, sus decisiones de ser para poder construir un futuro y un mañana mejor”, cita del libro "Pacto social", de Jean Jacques Rousseau.

 

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