Aprobación de las ZEDE es la más grave violación al Estado de Derecho registrada en la historia del país: UNAH

La UNAH, desde que inició la pandemia, mediante boletines ha generado una serie de propuestas para el desarrollo y el despegue económico de Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) califica la aprobación de las Zonas Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) “como la más grave violación al Estado de Derecho que se ha registrado en la historia del país”, y expresa su preocupación de que ese “desorden" esté siendo promovido desde el mismo Estado, en abierta desobediencia a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución de la República.

La posición de la Máxima Casa de Estudios la expresó mediante un comunicado donde en cumplimiento a su mandato constitucional de contribuir al estudios de los problemas nacionales y en atención a su deber de participar en la trasformación de la sociedad hondureña, manifestó su profunda preocupación por las decisiones que, a nivel de los poderes de Estado, se ha tomado en las últimas semanas, con el pretendido afán de generar empleos para solventar la problemática económica y social que atraviesan la mayoría de las familias del país.

En tal sentido la Rectoría, en conjunto con un equipo de calificados profesores e investigadores de diversas ramas del conocimiento, manifestó su posición en los términos siguientes.

Desde la formación del Estado Liberal, las élites hondureñas han promovido la inversión extranjera como medio para facilitar el crecimiento económico y la integración del país al mundo. Se hizo con la aprobación de la “Ley de Concesiones” de 1917 y las reformas a la Ley de Migración de 1929, entre otras, cuyas acciones a la larga desembocaron en funestos enclaves que son un claro ejemplo de la débil, inadecuada e ineficaz gestión que la clase política hondureña ha llevado a cabo a lo largo de la historia. Todo ello ha profundizado los desequilibrios sociales e impedido las adecuadas garantías que el Estado debe ofrecer para la seguridad pública, la justicia y el proceso de desarrollo.

La UNAH remarca que estas prácticas que entregan la soberanía nacional se han exacerbado en la últimas décadas con la concesión para la explotación minera y forestal, así como la privatización desordenada e inconsulta de las formas de administrar la electricidad, el agua potable, la telefonía, el Internet y otros servicios a grupos de inversionistas cuyo único mérito es su cercanía con la clase política de cada momento, generando conflictividad y violencia en los territorios.

Estas prácticas, según la Alma Máter, lejos de mejorar la calidad de los servicios, la competencia o el acceso a mercados de los sectores productivos han generado graves perjuicios a la competitividad del país. La ausencia de una regulación adecuada, la opacidad de las intervenciones públicas y la falta de mecanismos transparentes e inclusivos han debilitado el Estado, incentivando la corrupción e impunidad, el despilfarro y desequilibrio fiscal, lo que desestimula la inversión nacional y extranjera, con efectos negativos en el mercado laboral y la pobreza de las familias.

Enfatiza que este debilitamiento del Estado no promueve la consolidación de las identidades culturales, ni refuerza una imagen clara del país ante la conciencia de la ciudadanía ; por el contrario, favorece a la conflictividad y la violencia, tanto en las zonas urbano-marginales como en el campo, de tal modo que se cuentan por cientos de miles las personas que han tenido que migrar dentro y fuera del territorio para salvar sus vidas con los consabidos efectos perniciosos que la división familiar tiene en la irrupción de pandillas y bandas ligadas al crimen organizado.

La UNAH recuerda en su comunicado que la aprobación de las llamadas ZEDE que surgieron de forma intempestiva desde hace más de ocho años, como adición al evidente deterioro institucional que el país enfrenta, lejos de cohesionar a la sociedad la dividen y debilitan, generando incertidumbre y mayor inseguridad jurídica, factores que perjudican en lugar de incentivar la inversión doméstica (local) e internacional, lo que se hace evidente con solo observar los datos oficiales.

No obstante, lo más preocupante para la Máxima Casa de Estudios es que este desorden está siendo promovido desde el mismo Estado, en abierta desobediencia a lo Establecido en el artículo 13 de la Constitución de la República. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, remarcó que las ZEDE constituyen la más grave violación al Estado de Derecho que se ha registrado en la historia del país.

Por lo anterior, señala que su creación entraña la calculación a varios preceptos constitucionales, a tratados internacionales suscritos por el Estado, particularmente el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al desconocer el derecho de los pueblos originarios asentados en dichas zonas, a los territorios y recursos naturales y a la consulta libre, previa e informada, así como un conjunto de otras leyes, impactando de manera negativa sobre los indicadores del Estado de derecho.

El mapa es de autoría de la Revista de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR).

A lo expuesto en el documento, la Alma Máter además agrega que existe una contradicción latente que pudiera ser fuente de potenciales conflictos entre la “integridad ambiental” resultado de la fragmentación del territorio en entidades con una soberanía espuria entre sí, podría provocar severos daños ambientales como el uso del territorio “no ZEDE” como depósito de desechos, deterioro del subsuelo y fuentes diversas de contaminación, más allá de lo establecido en el artículo 37 de la ley que da vida a estas zonas.

En el contexto del Bicentenario de Independencia de Centroamérica, las ZEDE son el mejor reflejo que después de 200 años el país no logra su auténtica soberanía e independencia, en abierta contradicción con el sueño de Morazán y Valle, cuyas palabras eran taxativas (que no admite discusión) y firmes: “La soberanía reside en la nación: lo que acuerda la mayoría debe ser ley; y la América, que es la mayoría, quiere su independencia”.

Llamado

La UNAH es consciente de la necesidad que nuestro país tiene de un proceso político que facilite el crecimiento económico con equidad, que permita una acelerada generación de empleo digno y con ello, una adecuada cohesión de sus habitantes. Ello debe hacerse considerando las particularidades territoriales, promoviendo incentivos que potencien las identidades y respetando el entorno legal y ambiental.

En tal sentido, la Máxima Casa de Estudios hace un llamado enérgico al Congreso Nacional, para que, en cumplimiento de su deber patriótico, derogue las acciones emanadas del Decreto 236-2012, que reforman de manera ilegal la Carta Magna, así como el Decreto 120-2013 y toda la normativa derivada, de forma que se pueda retornar de manera decorosa el Estado de derecho y la soberanía en el país.

Al finalizar el documento, la UNAH propone a todos los sectores productivos, gremios profesionales, obreros, campesinos, empresarios, academia, asociaciones ciudadanas y a la ciudadanía en general, “el establecimiento de un diálogo abierto que sirva de punto de partida para la instauración de un nuevo contrato social que involucre a todas y todos sin distinción. Solo así podremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben ser las luz que oriente nuestro camino hacia el bienestar”.

Opiniones

“La soberanía está violentada como nunca, es la mayor violación a la soberanía que se ha dado en la historia del país, esto no promueve el empleo, lejos de ello, ahuyenta la inversión, lo que traerá es  pobreza, más miseria y por ende más migración, expresó Julio Raudales, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas y vicerrector de la UNAH.

Para el funcionario, es una pena que el Estado lejos de unificar al país provoque más división y movimientos sociales que podrían generar una crisis igual o peor a la sucedida en el 2009, por lo que en consonancia con la posición de la UNAH pide al Congreso que derogue toda la normativa que le dio creación a las ZEDE.

Raudales manifestó que con este comunicado la Universidad muestra su profunda preocupación sobre lo que está aconteciendo en el país, “creo que ha quedado bastante claro que la aplicación de la Ley de las ZEDE lo único que provoca es mayor división y conflictividad”.

 “La posición de la UNAH es alentadora, la institución universitaria tiene el rol constitucional de hacer labores de investigación, diagnóstico y propuestas a los grandes problemas”, resaltó el sociólogo Pablo Carías, exdocente de la Máxima Casa de Estudios.

El documento, según Carías, es revelador ya que pocas instituciones han hecho un balance histórico en lo que concierne a la formación de la República y las inversiones extranjeras de las cuales muchas han venido sin ninguna regulación y han trastocado el normal funcionamiento y el desarrollo económico de la nación “gran parte de la responsabilidad histórica del atraso en que vivimos es el resultado de políticas entreguistas que gobiernos han mantenido a través de las famosas concesiones que en siglos anteriores se dieron a las compañías mineras y bananeras”.

“Las políticas extractivitas drenan nuestros recursos naturales, trastocan el medio ambiente y deforman el crecimiento económico y social de la nación, el documento llama profundamente a la reflexión a fin de constituir y restablecer el Estado de derecho”, subrayó el reconocido sociólogo.

Al finalizar hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que mire el pronunciamiento de la UNAH con espíritu creativo y receptivo y que busque acuerdos a fin de que las acciones que se adopten a esta materia cuenten con el respaldo popular.

“Una de las características de este pronunciamiento es que es una visión integral de la temática no solamente desde el punto de vista jurídico o económico, sino que aborda tanto la óptica jurídica, histórica, politológica, sociológica, ambiental y social ya que por todos lados que uno mire la aprobación de las ZEDE hay falencias, esto basado en evidencia con que cuenta la UNAH”, planteó Ricardo Matamoros, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES).

El investigador y economista enfatizó que las ZEDE en realidad no buscan un mejoramiento en la calidad de los servicios, de la competencia y del acceso a los mercados de todos los sectores productivos de la economía, en ese sentido, lejos de fortalecer la competitividad de toda la economía nacional más bien se fragmenta, pues estos proyectos tienen falencias desde su planteamiento, razón por la que aseguró que esa dirección no es la solución a los grandes problemas de empleo, competitividad y atracción de inversiones.

Matamoros planteó que se tienen que sentar todos los sectores y los candidatos presidenciales para dialogar y pensar en soluciones de largo y mediano plazo para no aprobar apresuradamente este tipo de propuestas no tan claras. En el pronunciamiento la UNAH no solo hace crítica, sino que plantea propuestas tal como lo ha hecho en sus boletines económicos.

Por su parte Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la UNAH, planteó que las autoridades están obligadas a promover la inversión, pero las ZEDE no son la mejor manera de hacerlo ya que con esos modelos  e entrega la soberanía del país, instalando enclaves, un Estado dentro de otro Estado, con sus propias leyes, régimen monetario y fiscal, lo que resultará excluyente.

El académico sostuvo que las mejores tierras del país con acceso al agua y con infraestructura se están entregando con trabajos para élites y no para hondureños que no pasaron primaria ni secundaria, además tendrían sus propias fronteras.

Al finalizar, sostuvo que el pronunciamiento de la UNAH es un análisis científico exhaustivo que demuestra que las ZEDE no son el mejor camino y que hay otras formas de atraer la inversión sin tener que ceder soberanía.

Para descargar el documento: 
https://twitter.com/UNAHoficial/status/1404298811149885447?s=19

 

 

 

 

 

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