LA REDUCCIÓN DE LA EDAD PUNIBLE

Foto: diario El Heraldo.

La reducción de la edad punible es un tema con muchas connotaciones y  contextos, como ya lo explicaba un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras  (UNAH). El debate sobre este tema surge de coyunturas de la participación de menores en hechos violentos y criminales, por lo que el tratamiento no será integral principalmente cuando miles de niños viven en condiciones de extrema pobreza rodeados de violencia y con pocas garantías de desarrollar un crecimiento biológico y social en un ambiente sano.

Dentro de los argumentos para sustentar la posición, la UNAH sostenía en el mismo comunicado varios puntos que deben tomarse en cuenta antes de realizar cualquier cuestionamiento, el primero de ellos radica en que el Estado de Honduras no cuenta con estadísticas detalladas que indiquen los delitos cometidos por menores de 18 años de forma individual o coparticipativa, y ese argumento nos lleva a castigar al menor como adulto, lo que se vuelve una respuesta inmediata; pero no ataca un problema que debe ser entendido desde un punto de vista estructural, que visualice las condiciones socioeconómicas y familiares del niño, así como el ambiente inseguro en el que se desenvuelve.

Bajo estos argumentos, no es casual que en la reunión sostenida este martes por los tres titulares de los poderes del Estado de Honduras todos llegaron a la conclusión  de que no es conveniente reducir la edad punible después de analizar y sociabilizar la problemática con cerca de 30 instituciones, sin embargo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta no descarta el aumento de las sanciones siempre respetando el derecho de los niños para ser procesados de forma especial.

Juzgar a los adolescentes de forma especial no es algo nuevo ya que se encuentra respaldado en tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966) o la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), y es precisamente en el artículo 2 del CDN que se establece la obligación de los Estados por garantizar la efectividad de los derechos sin discriminación alguna, y en el numeral 2 del mismo artículo se establece que los países tomarán las medidas para garantizar que el niño sea protegido contra toda discriminación. Esto con el propósito de evitar que el niño sea juzgado de forma injusta, que base la razón del argumento en pormenores no científicos o basado en la ley como el principio jurídico que indica que son penalmente imputables aquellos que pueden ser capaces  de culpabilidad.

En ese sentido, es valorable el juicio que han hecho los diferentes entes e instituciones para no reducir la edad punible, que implica juzgar a un menor como un adulto dentro de un contexto social hondureño que cuenta con altas tasas de homicidios y que en 2016 cerró con 59 muertes por cada 100 mil habitantes, dicho sea de paso es una de las más altas del mundo, que nos señala un problema que, como ha mencionado la UNAH en un comunicado, tiene raíces estructurales y debe ser analizado desde diferentes puntos de vista en una multiplicidad de escenarios. 

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