Ley pondría a institutos de previsión en precaria situación financiera, indica la UNAH

Mientras se les pague a los afiliados, los institutos de previsión social no ven razón para la suspensión de cuotas de préstamos.

La aprobación y la puesta en marcha de la Ley Especial para el apoyo integral a la población ante la crisis socioeconómica generada por la COVID-19, pondría en precario la situación financiera de los institutos de previsión social, indica la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La Máxima Casa de Estudios manifiesta que al aplicar dicha ley, las instituciones de previsión social como el Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Inpreunah), Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Instituto de Previsión Militar (IPM) verían interrumpidos y disminuidos los flujos de efectivo.

La Alma Máter sostiene que de estos flujos de efectivo depende la atención de los pagos de las pensiones de los jubilados, el otorgamiento de servicios a sus afiliados y los demás beneficios que otorgan sus leyes.

Ante la aprobación de la ley Especial para el apoyo integral a la población ante la crisis socioeconómica generada por la COVID-19, los institutos de previsión social estarían obligados a buscar recursos alternativos que compensen la reducción de liquidez, solvencia y rentabilidad, situación que afectaría su equilibrio actuarial conduciéndolos a un escenario de alta exposición de riesgo a corto plazo.

Juan Carlos Ramírez, exinterventor del Inpreunah, manifestó que si el Congreso Nacional de la República (CN) aprueba dicha ley, pondría en riesgo la liquidez de los institutos de previsión social: “Yo veo un poco descabellada esa iniciativa de ley porque todos los afiliados son asalariados que trabajan en el Estado, y tengo entendido que se les ha pagado el salario y que no se ha despedido a ningún empleado público”, por lo tanto no ve razón de no honrar sus deudas contraídas.

Ramírez sostuvo que al aprobarse esa ley, los afiliados pensionados serían los primeros en sentir el impacto y de manera indirecta también afectaría en el refinanciamiento de préstamos a los afiliados activos.

Aunado al no pago de cuotas de préstamos mientras dure la pandemia, los institutos de previsión social sufrirían el no pago de la aportación patronal, avizora el experto, y si el Estado lo hace, sería a través de bonos, lo que pone aún más precaria la liquidez.

Ramírez detalla que una forma de ayudar a los afiliados no sería la suspensión del pago de cuotas, sino el refinanciamiento de sus préstamos mediante el aumento de años plazo.

De la misma manera, Efraín Díaz Arrivillaga, representante de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) ante el Inpreunah, dijo que esta iniciativa que se está planteando desde el CN es de suma preocupación para los cuatro institutos de previsión social del país.

“Nos parece inoportuna y, por lo tanto, la UNAH ya fijó su posición al respecto, puesto que las personas afiliadas están recibiendo regularmente sus sueldos aún en este tiempo de confinamiento”, destacó Díaz Arrivillaga.

El funcionario manifestó que análisis realizados en el Inpreunah apuntan que la vigencia de esta ley puede tener un impacto muy negativo en la estabilidad institucional y, sobre todo en su patrimonio, lo cual significaría afectar el cumplimiento de sus sistemas de pensiones y jubilaciones, por lo tanto llamó a buscar otras alternativas.

Dijo que la situación actual del Inpreunah es sana, sin embargo, no tendría la capacidad y solidez para absorber un impacto de tal magnitud.

Al finalizar, indicó que los tomadores de decisiones y legisladores deben orientar todas sus fuerzas en fortalecer el sistema sanitario del país, apoyar a los afectados con transferencias no reembolsables, entre otras acciones para el bienestar de la población.

 

 

 

 

 

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