Los números rojos de la violencia en contra de la mujer

Infografía de muerte violenta de mujeres en el año 2018.

Un reporte mundial sobre los asesinatos de niñas y mujeres por cuestiones de género publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el 2018, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estima que de 87 mil mujeres asesinadas durante el 2017, el 58% murió a manos de su pareja, expareja o de algún conocido cercano, lo que, a criterio del director de dicho organismo internacional, Yuri Fedotov, constituye “un acto letal en el ciclo de discriminación y abusos por motivos de género”.

En Centroamérica, la mayor tasa de muerte violenta de mujeres la poseen los países que conforman el triángulo norte, zona considerada por las Naciones Unidas como una de las más mortíferas del mundo. Según datos proporcionados por instituciones de información y estadística de cada nación, en el 2017 Guatemala registró una tasa de femicidios de 5.4 y de 4.4 en el 2018, El Salvador de 14.26 y 11.45, Nicaragua de 1.62 y 1.81, Costa Rica de 2.37 y 2.11, y Panamá de 0.88 y 0.92, respectivamente.

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Una mujer pierde la vida de forma violenta cada 24 horas en Honduras

En Honduras, mientras tanto, en promedio una mujer pierde la vida de forma violenta al día, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), sumando cerca de cinco mil víctimas en la última década y al menos 149 hasta mayo del año en curso.

Este ente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) establece que en el 2017 se registró la muerte violenta de 388 féminas, una cada 22 horas con 30 minutos, para una tasa de 8.6 por cada cien mil habitantes mujeres (pccmhm). Para el 2018 la tasa nacional fue de 8.22 homicidios pccmhm, cerrando el año con el deceso de 380 hondureñas.

La publicación señala que, en ambos años, las víctimas eran mujeres dedicadas a labores domésticas, amas de casa y estudiantes, con una edad entre 15 y 34 años, ultimadas principalmente con arma de fuego. La mayor incidencia se reportó en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, seguidos por Atlántida, Comayagua y Yoro, y la vía pública predomina como el espacio en donde ocurrió el hecho o se encontraron los cuerpos, mismos que en el 41% de los casos mostraron señales de ensañamiento.

Impunidad

La recopilación de datos evidencia que la mayor incidencia de muerte violenta de mujeres y femicidios en Honduras en la última década ocurrió en el 2012 y 2013, con más de 600 mujeres asesinadas en cada año.

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Entre el 2017 y 2018, el Ministerio Público recibió 512 denuncias de delitos contra la vida; de estas, apenas 12 fueron clasificadas como femicidios, cuya pena según establece el artículo 118 del Código Penal es de 30 a 40 años de prisión, predominando en las sentencias condenatorias la figura de homicidio (256), homicidio simple (135), homicidio culposo (97) y parricidio (7), pese a que en la mayoría de las víctimas las autopsias de Medicina Forense mostraron laceración cerebral, hemorragias y asfixia por estrangulación como causa final de muerte.

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Esta problemática se ve acrecentada con los niveles de impunidad. Gran parte de los agresores son dejados en libertad por parte del sistema de justicia nacional, con toda la posibilidad de violentar nuevamente a una mujer, y según cifras de la Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio Público (MP), solo en el 6% de las más de 20 mil denuncias por violencia sexual interpuestas a nivel nacional en los últimos años se ha hecho justicia.

“Todas las mujeres en Honduras somos sobrevivientes de diversas expresiones de machismo y se ha exigido al Estado que asuma su responsabilidad, creando normativas que garanticen nuestros derechos. Por ello existen fiscalías especiales de la mujer, donde se tiene la posibilidad de denunciar a los agresores, sin embargo, no  contamos  con  una  institucionalidad  funcional y efectiva para la defensa y protección y ahí radica la gran diferencia entre la cantidad de denuncias que ingresan al  MP  y  las  pocas  que  logran  tener una resolución en el aparato de justicia, dejando sin sanción a la mayor parte de hombres que violan, matan, secuestran y cometen otros delitos contra las mujeres; a esto le llamamos impunidad ante la violencia la cual evidencia la violencia estructural”, apunta el CDM en su más reciente boletín.

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Aunque la muerte violenta de mujeres es un fenómeno creciente y de alto impacto social, no es considerada como relevante dentro de las políticas de seguridad del Estado, una realidad que se ve reflejada en la distribución del Presupuesto General de la República, cuyo aumento en seguridad y defensa para este año 2019 superó el 7%, más del doble en comparación con lo destinado a salud y educación, en un país que no está en guerra.

“Esta vida de violencia que enfrentan las mujeres en Honduras está reforzada por la militarización que reprime a toda la población que lucha por sus derechos, pero se ensaña de forma diferenciada con las mujeres”, puede leerse en el documento.

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