Mientras se debate el uso de la PAE en Honduras, miles de niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres

La maternidad es una etapa que muchas mujeres desean vivir, en ella ven concretados parte de sus planes de vida, pero qué pasa cuando una mujer es forzada a ser madre, sobre todo en países como Honduras donde la pobreza supera el 70% de la población y el Índice de Desigualdad de Género lo ubica en el puesto 100 de 162 países medidos.

Para las defensoras de los derechos de las mujeres, una maternidad obligada genera más pobreza y limita el desarrollo en distintos ámbitos de la sociedad, por tanto, el uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) contribuiría a reducir los niveles de pobreza en el país y darle la oportunidad a la mujer de decidir.

Para la abogada y feminista Grecia Lozano, es necesario que se emita un acuerdo ministerial en favor de la PAE, ya que afirma que son más de 23,000 niñas menores de 14 años que se están convirtiendo en madres en Honduras, corriendo el riesgo de morir porque su cuerpo no soporta un embarazo, y que en la mayoría de los casos es producto de una violación sexual y que se puede prevenir con la anticoncepción de emergencia.

“Cómo va a responder el Estado a esos miles de niños que nacen, si la situación en el país ya es crítica porque no hay cómo mantenerlos, estamos hablando de niñas menores de 14 años que ni siquiera las contratan para trabajar, que están pariendo más niños y es una forma de perpetuar la pobreza”, argumentó Lozano.

De acuerdo con Care Honduras y ONU Mujeres, el país ha sido catalogado como uno de los países del área latinoamericana con mayor desigualdad en cuanto al desarrollo, con un Índice de Desigualdad de Género de 0.479, un Índice de Desarrollo Humano del 0.611, y con una brecha de género del 27.8%.

“Esta condición de desigualdad afecta especialmente a las mujeres y niñas, pero también a la población viviendo en situación de pobreza, y a la población que está expuesta a alguna condición de vulnerabilidad ya sea física, psicológica, social, ambiental, económica o estructural”, cita un análisis de género realizado por ambas organizaciones.

Concatenando con lo anterior, el Centro de Derechos de las Mujeres sostiene que las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual son en su mayoría mujeres pobres; porque en ellas se sintetizan todas las exclusiones: derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y que, además se convierten en madres solteras.

En ese sentido, se puede interpretar que la prohibición de la PAE y la ausencia de un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual en Honduras obliga a una niña o mujer a ser madre, y en el caso de quienes viven en situación de pobreza, las condenan a continuar profundizando no solo su situación, sino que ahora la del niño también, “por eso es necesario reducir a que las maternidades sean deseadas, a que se traigan niños al mundo a vivir con dignidad y no a pedir a los semáforos”, expresó Lozano.

Protocolo de atención

Según la directora del Observatorio Nacional de la Violencia, Migdonia Ayestas, el 50% de la violencia sexual ocurre en niñas de 0 a 14 años, a lo que la pastora y coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Ana Ruth García, agregó que el 95% de los embarazos producto de violación sexual son por incesto, siendo sus padres, tíos, hermanos o abuelos sus violadores.

De acuerdo con García, Honduras es el único país del continente americano que no tiene un protocolo de atención para víctimas de violencia sexual, una situación grave para esas mujeres y niñas en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos.

No obstante, aclaró que el protocolo se elaboró desde hace aproximadamente cuatro años por el equipo técnico de la Secretaría de Salud con el acompañamiento del movimiento de mujeres y feministas, organizaciones de la sociedad civil y Médicos sin Fronteras, sin embargo, el problema es que fue engavetado.

Amplió que uno de los motivos por los que no se le dio trámite correspondiente a este protocolo, es por no aprobar el uso de la anticoncepción de emergencia, ya que todo protocolo incluye el uso de este método, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud.

También indicó que existe desinformación en cuanto al tema de la PAE, ya que se sostiene que para despenalizarla en Honduras se requieren 86 votos en el Congreso Nacional, sin embargo, explicó que la pastilla no está penalizada ya que es una prohibición ministerial, por lo que “lo único que necesitamos es la voluntad política del ministro de Salud, es decir que se emita un nuevo acuerdo ministerial en favor del uso y distribución de la PAE”, declaró.

Evidencia científica

Para la docente de la Facultad de Ciencias Médicas y jefa del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Escuela, Carolina Bustillo, el Acuerdo Ministerial No. 2744/09 que prohíbe la promoción, uso, venta y compra de la píldora de anticoncepción oral de emergencia, responde a opiniones personales y no a sustentos científicos.

“Si vemos cómo surgió la prohibición, da la impresión que fue la opinión de una o dos personas que claramente no fueron motivadas por una base científica, sino por opiniones personales, argumentando que el uso de la pastilla produce abortos”, comentó la galena.

Explicó que, pese a que todas las organizaciones científicas del país demostraron que el levonorgestrel como anticonceptivo de emergencia actúa únicamente posponiendo o inhibiendo la ovulación, la decisión de prohibir su uso no tomó en cuenta estos criterios.

“Independientemente de las circunstancias, a las mujeres no se les debe negar el derecho a utilizar lo que la ciencia les provee para evitar un embarazo que no han planeado y que no desean, el medicamento claramente no tiene ningún efecto abortivo como lo mencionan algunas organizaciones que no toman evidencia científica como sustento”, subrayó.

Bustillo comentó que el país ya tiene una serie de limitaciones en cuanto a métodos de planificación, con demandas insatisfechas que asciende al 40% o 50%, “eso quiere decir que de las mujeres que llegan a los hospitales a pedir un servicio de anticoncepción, entre el 40 y el 50% de las veces no se le provee por alguna limitante, y a esas limitantes se suma negarles el derecho a evitar un embarazo no deseado”, lamentó.

Sin duda alguna, Honduras reporta serios problemas en cuanto a vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y el tema nuevamente ha reactivado el debate, sin embargo, hoy este debate se da en una nueva administración liderada por una mujer, quien en su plan de gobierno contempla una serie de medidas encaminadas a garantizar estos derechos, lo que genera esperanza de que en Honduras finalmente la maternidad sea deseada.   

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