NUEVA LEY “MORDAZA” REPRESENTARÁ UN RETROCESO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: APJ

Edwin Murillo, coordinador de la APJ dijo que “es una ley mordaza que viene a legitimar la corrupción y la falta de transparencia, con una cultura de la opacidad de los funcionarios públicos, se le quiere poner un bozal a los medios de comunicación y a la

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se manifestó en contra de la “Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información Pública”, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, considerándola un retroceso en la lucha contra la corrupción. Además, el pronunciamiento público expone que la ley “mordaza” transgrede los objetivos contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Edwin Murillo, coordinador de la APJ dijo que “es una ley mordaza que viene a legitimar la corrupción y la falta de transparencia, con una cultura de la opacidad de los funcionarios públicos, se le quiere poner un bozal a los medios de comunicación y a la misma sociedad civil al no permitirles ser un auditor social”.

Además plantea que existe una clara violación al artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos donde se contempla que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

“Imagínese que esta ley permite que un ministro o cualquier funcionario público de alto nivel puede declarar su información como secreta o ultra secreta, si representa un peligro para la seguridad, para la defensa o los objetivos que se quiere lograr a nivel nacional”, aseveró Murillo.

Según el artículo 17 y 18 del instituto, este ente es el único que cuenta con la facultad de clasificar la información pública como reservada. Sin embargo, el pasado miércoles, el Congreso Nacional aprobó una propuesta de Ley con el nombre “Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información”, moción presentada por el diputado nacionalista, Rodolfo Zelaya.

La conferencia de prensa se desarrolló en un hotel capitalino, donde contó con la asistencia de Doris Imelda Madrid, titular del Instituto del Acceso de Información Pública y el ex comisionado de los Derechos Humanos, Leo Valladares, personas que se oponen a la nueva disposición del poder legislativo.

*Artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre la secretividad de datos y procesos y confidencialidad de datos personales y de información entregada por particulares al Estado bajo reserva; la clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique:

1) La seguridad del Estado;

2) La vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses  jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de Habeas Data;

3) El desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación o persecución de los delitos o de la impartición de justicia;

4) El interés protegido por la Constitución y las Leyes;

5) La conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales; y,

6) La estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad.

 

Artículo 18.

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE LA AINFORMACIÓN COMO RESERVADA. Para clasificar la información como reservada, en base a cualquiera de las causales enumeradas en el artículo anterior, el titular de cualquier órgano público, deberá elevar la petición por medio de la instancia de máxima jerarquía de la institución a la cual pertenezca, quien de considerarlo pertinente, emitirá el respectivo acuerdo de clasificación de la información, debidamente motivado y sustentado.

El titular respectivo debe remitir copia de la petición al Instituto de Acceso a la Información Pública. Cuando éste considere que la información cuya clasificación se solicita no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo anterior, lo hará del conocimiento del superior respectivo y

éste denegará la solicitud del inferior. Si, contrariando esta opinión, se emitiere el acuerdo de clasificación, éste será nulo de pleno derecho.

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