Organizaciones de sociedad civil emiten recomendaciones para mejorar Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Fotografía: Casa Presidencial.

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS-UNAH) emitieron una serie de recomendaciones para mejorar la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICSC 2011-2022), a un año de finalizar su vigencia.

El documento denominado “Diagnóstico y recomendaciones para mejorar la PICSC fue elaborado con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), el cual brindó asistencia técnica para realizar un diagnóstico de la política pública de seguridad vigente y el desempeño del Estado hondureño en materia de seguridad desde una perspectiva ciudadana, con la participación del consultor investigador, Carlos Noel Menocal Chávez.

La propuesta detalla que dicha política aprobada durante la administración de Porfirio Lobo Sosa está planteada dentro del concepto de seguridad humana y privilegia al ser humano desde el goce de sus derechos para vivir en paz; además de plantear la reducción de los índices delictivos, propone que las personas ejerzan todos sus derechos sin ser agredidos, visualiza la seguridad como un bien público y reconoce la multicausalidad de los fenómenos que provocan la violencia, la diversidad de las manifestaciones de esta y describe que los mercados ilícitos también son promotores de la inseguridad.

Pese a lo anterior, el análisis publicado recientemente evidencia que el modelo de Seguridad Humana que plantea la PICSC no ha sido desarrollado plenamente por parte del gobierno central, sino más bien se han utilizado acciones de patrullaje y presencia masiva de policías y militares en las calles para contener la violencia y la falta de abordaje integral ha provocado un país con mayor inequidad, pobreza y violencia, los cuales constituyen motores para la migración.

Al respecto, recomienda promover desde el Estado el respeto a los derechos humanos, el desarrollo humano integral, la reducción de la marginación, la exclusión y la inequidad para prevenir y reducir la violencia, la inseguridad y la migración y establecer una política estatal que transversalice la seguridad ciudadana en todos los componentes de la agenda de desarrollo del país y una estrategia que coordine e integre los proyectos de la cooperación internacional con las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

De igual manera señala la necesidad de establecer un sistema de planificación, asignación de recursos, ejecución, liquidación y rendición de cuentas del presupuesto del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), basado en resultados; crear las condiciones legales, políticas y sociales que favorezcan la auditoría social del desempeño de dicho organismo, fortalecer la fiscalización y control político del Congreso Nacional sobre este y crear un sistema nacional que desde la coordinación interinstitucional y con la participación de la sociedad civil promueva políticas de prevención y convivencia ciudadana a nivel nacional y municipal.

Fortalecimiento institucional

En cuanto al fortalecimiento institucional, el documento sostiene si bien es cierto durante los últimos años la Secretaría de Seguridad (SS) ha recibido incrementos en sus presupuestos, estos han sido inferiores a los otorgados a la Secretaría de Defensa. En el presupuesto de 2018, por ejemplo, la SS recibió 6,680 millones de lempiras y en siete años, la asignación de recursos se duplicó, mientras que, en el mismo período, la Secretaría de Defensa percibió 7,958 millones de lempiras y su presupuesto se triplicó.

En vista de que según los entrevistados en los grupos focales, conversatorios y entrevistas a profundidad, dicho fortalecimiento financiero no ha implicado avances significativos y mejoría en la seguridad ciudadana y además no existe una estrategia de asignación de presupuestos equilibrados, otras de las recomendaciones son fortalecer criterios técnicos y transparentes que garanticen una planificación y asignación presupuestaria adecuada, pertinente y justificada, mejorar los sistemas de evaluación del desempeño presupuestario y programático basado en resultados de todas las secretarías en general y las secretarías encargadas de la seguridad en particular y crear un sistema integral de la SS que incluya rendición de cuentas, acceso a la información, veeduría y participación ciudadana.

Adicionalmente plantea profundizar la transformación policial continua en todas las estructuras y niveles de gestión, fortalecer la independencia, atribuciones, capacidades institucionales y financieras y los recursos humanos de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadepol) y reformar el currículo de los oficiales de la Policía Nacional con énfasis en derechos humanos.

Dado que en la actualidad los gobiernos municipales se encuentran distanciados de las entidades municipales y del gobierno central, lo cual limita la implementación de planes de prevención y del programa Municipios más Seguros que solo funciona en 30 de los 298 municipios, resalta la importancia de establecer una política específica y el andamiaje institucional necesario para integrar y coordinar el papel de prevención, mediación y conciliación de las municipalidades, los programas gubernamentales y los proyectos de la cooperación internacional.

Adicionalmente se recomienda priorizar el fortalecimiento de un sistema de información que sea la base de la elaboración de presupuestos y planes operativos, crear observatorios interinstitucionales de la violencia que incluyan actores clave a nivel municipal y con la participación de la sociedad civil y la academia y capacitar permanentemente al personal de los observatorios interinstitucionales en metodologías y técnicas de elaboración y análisis de datos, así como establecer una política pública que mejore y garantice las condiciones necesarias para que los ciudadanos participen activamente en el fortalecimiento de la seguridad, crear un marco institucional responsable de integrar e implementar las políticas de prevención del delito y la violencia basadas en evidencia, que incluyan mecanismos de evaluación de impacto, financiadas y coordinadas desde el Estado, y establecer un mecanismo de seguimiento, evaluación y fiscalización a los recursos ordinarios y adicionales del plan de crecimiento institucional del sector seguridad.

El documento completo puede consultarlo en el siguiente enlace: https://fosdeh.com/wp-content/uploads/2021/05/PICSC-Fosdeh-2021-diagnostico-reco.pdf.

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