Presentan estudio sobre territorios hondureños en riesgo por minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos

Los resultados de la investigación fueron presentados este jueves.

En un esfuerzo por promover la transparencia y brindar las herramientas necesarias a los tomadores de decisiones, se presentó el estudio “Territorios en riesgo II: minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos”, desarrollado por el Observatorio de Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en conjunto con el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y Oxfam, el cual destaca el creciente aumento de proyectos.

La investigación señala que hasta julio de 2018 el Estado hondureño registró 137 concesiones para la explotación minera, 190 están en etapa de exploración, inclusive en zonas de reserva, y otras 2017 se encuentran en estado de solicitud; de llegar a aprobarse, el área total destinada a la extracción aumentaría en un 400 por ciento, es decir de 75,000 hasta 375,000 hectáreas. A estas concesiones se suman los territorios en donde se ejecutan proyectos de generación de energía, los cuales son alrededor de 307.

Proyectos en territorios indígenas y garífunas y consulta ciudadana

Según el estudio, hay 27 proyectos de energía en las áreas protegidas, de estos 25 son hidroeléctricos y dos son térmicos. Los hidroeléctricos consisten en 27 empresas y 16 casas de máquinas que están dentro de las áreas; 14 de los 25 se encuentran en zona núcleo, al igual que los dos térmicos. También hay 10 proyectos hidroeléctricos en microcuencas declaradas.

A pesar de que Honduras ratificó en 1969 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, la práctica de la consulta previa, libre e informada no existe o no cuenta con los procesos adecuados, lo cual a criterio del director de país de Oxfam, George Redman, quizá sea la principal razón de tanta conflictividad en casi todos los proyectos, al igual que la limitada práctica de brindar información sobre estos, lo que “refuerza la sensación de que se están escondiendo algo”.

“La minería tiene un proceso inadecuado para la consulta ciudadana y para los hidrocarburos, la ley carece de requerimientos para consultas comunitarias; en el caso del actual contrato hay fuertes denuncias sobre el proceso de consulta que se realizó por estar ubicado en territorio garífuna”, acotó el investigador y consultor, Benjamín Fash.

Los datos del estudio establecen que actualmente hay 54 concesiones mineras a mayor escala, aprobadas y solicitadas en territorios habitados y reconocidos por los pueblos indígenas y garífunas, de estas ocho están en estado de explotación; en calidad de concesiones el pueblo lenca es el más afectado con 10 concesiones en su territorio y otras 14 en zonas multiétnicas aledañas. Mientras tanto el pueblo tolupán cuenta con menores extensiones de tierra, pero tienen 16 concesiones a mayor escala.

En cuanto a la energía hay 36 proyectos de generación en territorios indígenas y garífunas, de los cuales 32 son hidroeléctricas, dos son eólicas, una de biomasa y una fotovoltaica. De estos, 10 están operando y se podría dar un aumento de 300 por ciento de hidroeléctricas en tierras indígenas. De los proyectos hidroeléctricos, 23 se encuentran en territorio lenca y zonas multiétnicas aledañas.

Aunque un mapeo realizado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, en todos los países de Centroamérica, señala que para cualquier proyecto en estas áreas el Estado está obligado a cumplir con un proceso de consentimiento previo, libre e informado con las comunidades afectadas, según expertos las pocas salvaguardas que ofrece el Convenio 169 de la OIT se verían amenazadas por un anteproyecto de Ley especial presentado ante el Congreso Nacional.

“Hay más de 100 superposiciones de concesiones mineras y proyectos energéticos con las áreas protegidas y las microcuencas declaradas, lo cual señala una debilidad institucional. Mientras que el marco legal para la generación de energía no prohíbe los proyectos en estas áreas, la Ley de Minería sí las denomina como zonas de exclusión de derechos mineros, pero hay 47 concesiones mineras dentro de áreas protegidas, 25 de ellas en la zona núcleo y 32 dentro de microcuencas declaradas, además se nota que las áreas protegidas se han modificado”, resalta la investigación.

De acuerdo con la investigación, esta condición ha generado fuertes conflictos que además de mostrar la militarización y la criminalización de la protesta, señalan la debilidad del marco legal y que el Congreso Nacional no interpreta las zonas de amortiguamiento como parte de las zonas de exclusión.

Recomendaciones

Ante este escenario y tomando en cuenta que las áreas aprobadas para estas actividades están creciendo rápidamente, a través de inversiones y alta competitividad y considerando las nuevas políticas para opacar información sobre los proyectos y acelerar su aprobación, los investigadores encuentran cada vez más importante la difusión de información oficial y el análisis de sus implicaciones.

En ese sentido destacan la necesidad de prohibir la aprobación de proyectos en microcuencas declaradas y áreas protegidas, asegurar que todo proyecto cumpla con la normativa nacional e internacional, revisar o eliminar los incentivos fiscales para generadores de energía, minería e hidrocarburos; fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones y proteger los bienes comunes, garantizar el derecho a la protesta y fomentar el debate público informado que promueva el financiamiento de alternativas para mejorar la calidad de vida, reduciendo la pobreza y la desigualdad.

En el marco de la presentación del estudio, evento en el que participaron representantes de distintas organizaciones, incluyendo pobladores de La Mosquitia e Intibucá, se presentó también el geoportal territoriosenriesgo.unah.edu.hn, en donde pueden consultarse todos estos datos, de manera dinámica, desde cualquier parte del mundo.

Noticias relacionadas:

Comentarios