Presentan investigación sobre el legado de la MACCIH y los desafíos actuales

Fotografía: Juan Manuel Herrera/OAS/Flickr/Creative Commons.

En un espacio organizado, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Honduras), investigadores del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University presentaron este miércoles 12 de agosto el estudio sobre el legado de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

La presentación de los resultados del estudio estuvo a cargo de Charles Call, profesor asociado de Resolución de Conflictos y Paz Internacional de la Escuela de Servicio Internacional de la American University, quien indicó que el éxito de la MACCIH fue cada vez más fugaz, debido a las limitaciones que enfrentaba desde el momento en que fue creada, incluyendo el contexto hondureño, los altos niveles de corrupción y las expectativas que tenía la población.

“El mandato de la misión no fue tan poderoso como el de CICIH en Guatemala, sino más bien limitado, porque no pudo hacer investigaciones propias, sino que tuvo que colaborar con instituciones nacionales como la Fiscalía y el Ministerio Público. El gobierno, un gobierno sobre el cual ya había muchas sombras de corrupción, la aceptó no por su iniciativa, sino como reacción frente a la presión social”, expuso.

El experto internacional señaló que a pesar de las adversidades, incluyendo “la burocracia de parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la problemática interna y la mala estructura orgánica”, la MACCIH le dio esperanza a la gente y entre sus aportes figuran la creación de las jurisdicciones especiales y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), así como la propuesta de la Ley de Colaboración Eficaz, orientada a regular los procedimientos, requisitos, circunstancias y beneficios para aquellas personas investigadas, procesadas o sentenciadas por la comisión de un determinado hecho delictivo que proporcionaran información o evidencia conducente a mejorar la eficacia de la persecución penal, la cual no fue aprobada en el Congreso Nacional.

En diciembre de 2017, durante la segunda mitad de su gestión, además comenzó a trabajar en casos como el de la caja chica de la dama, pandora, red de diputados, pacto de impunidad, caja chica del hermano, licitación fraudulenta del seguro social, arca abierta, fraude sobre el Gualcarque, Patuca III- colusión, y corrupción y narcopolítica, calificados como de suma importancia por tocar a gente de alto perfil político, pero que debido a la injerencia de estos en los órganos de justicia, solo 15 llegaron a la etapa de judicialización, incluyendo parientes del anterior y del actual Presidente de la República.

“Una de las lecciones es que los casos que sí procedían en la jurisdicción especial anticorrupción son los que tuvieron más éxito; eso se sigue viendo en estos días porque lo que el Congreso hizo es apartar a sus miembros, exmiembros y altos oficiales para que se queden con jueces naturales nombrados por la Corte Suprema de Justicia, una de las instituciones más politizadas”, lamentó.

“Muestra de la impunidad que existe en las instituciones ordinarias es que de 90 casos remitidos por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) entre 2014, y lo que va de 2020, los 15 atendidos por las fiscalías especializadas o la Ufecic son los únicos que llegaron a la etapa de judicialización”, añadió.

El presentador del estudio resaltó que, tras la salida de la MACCIH del país, en lugar de reforzar los entes de investigación y justicia, han sido evidentes los esfuerzos por debilitarlos y reforzar la impunidad.

Contexto actual

Erich Hershberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University, el cual cuenta con el apoyo de más de 100 investigadores, indicó que dado que el combate a la impunidad y las redes criminales en América Latina representa un tema fundamental para el futuro de la región, la entidad que representa ha llevado a cabo una serie de investigaciones acerca de las comisiones internacionales establecidas para ayudar en el combate a dichos flagelos, entre ellas la de la experiencia de la MACCIH durante sus cuatro años de gestión en el país.

“Nuestro objetivo al trabajar en estos temas es, por una parte, contribuir al conocimiento académico y ciudadano, y por otra, que los análisis que compartimos logren proporcionar herramientas concretas para avanzar en esa lucha urgente contra los abusos del poder”, dijo.

Al respecto, el director Flacso Honduras, Rolando Sierra, manifestó que el estudio presentado este día permite ver de manera dialéctica el pasado, el presente y las perspectivas de combate a la corrupción y la impunidad en Honduras. “Consideramos que los resultados están orientados más que a ver el pasado, a ver el presente hondureño que sigue marcado por problemas de corrupción e impunidad”, comentó.

“Los estados tienen la obligación jurídica de prevenir la vulneración de derechos humanos vinculados a hechos de corrupción y garantizar su disfrute, el incumplimiento de este deber puede constituir un ilícito internacional”, acotó la exvocera interina de la MACCIH, Ana María Calderón. En tal sentido, recordó que su instauración fue la respuesta internacional para combatir dicho flagelo y su actuación fue subsidiaria y complementaria.

“La MACCIH nunca se superpuso a los deberes del Estado ni avasalló a sus instituciones, tampoco significó el descarte de la capacidad institucional nacional, sino que fue la suma de esfuerzos para articular diversas políticas y estrategias con el fin de hacer frente a la corrupción y la impunidad, sin embargo, para su éxito se necesitaba que la respuesta nacional fuera congruente con dicho objetivo; se necesitaba la coherencia del Estado de Honduras en el discurso anticorrupción y en el cumplimiento de la obligación jurídica de prevenir las violaciones a los derechos humanos vinculadas con hechos de corrupción”, argumentó.

“La MACCIH se vio limitada desde el comienzo por obstáculos que se volvieron todavía más grandes a medida que avanzaba en el cumplimiento de su deber y alcanzaba cierto progreso, lo que revela la falta de voluntad política. El Congreso fue el principal obstáculo, no se aprobaron propuestas legislativas ni existe el marco normativo acorde con el discurso anticorrupción, por el contrario, se ha debilitado al ente investigador, el Ministerio Público, además se generó un clima hostil, conformando una comisión que se opuso a la renovación del convenio, sustentándose en situaciones negativas creadas contra la misión”, puntualizó como parte de su visión desde afuera.

Al respecto, la socióloga Leticia Salomón fue del parecer que la sistematización de esta experiencia puede servir de lección a otros países donde ante la instauración de una misión del mismo tipo, para no cometer los mismos errores, considerando tanto el apoyo político como el institucional, el social y el externo en cuanto a los temas de corrupción e impunidad, seguridad e inseguridad, narcotráfico y las reformas político-electorales del contexto de aquel momento, como ancla para poder impulsar procesos mucho más fuertes.

“La MACCIH lo intentó, pero no lo consiguió, y su salida dejó una secuela totalmente negativa; existe la percepción generalizada de que aquí ya no se puede hacer nada, la impunidad y la corrupción están demasiado arraigadas en el país.

Con base en lo anterior, la investigadora del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) resaltó la necesidad imperante de un liderazgo político nuevo que impulse una auténtica lucha anticorrupción, para poder avanzar, además de reconstruir el Estado de Derecho y particularmente su independencia.

“No es posible que estas instancias sigan siendo controladas y manipuladas por políticos directamente, inclusive saltándose las instancias de la ley y manipulando con gran facilidad los procesos para blindar y proteger al componente político de la corrupción”, resaltó.

Por su parte, el investigador y coordinador de la Maestría en Sociología de la UNAH, Eugenio Sosa, consideró que el comportamiento de los diferentes poderes del Estado hondureño es el reflejo de la dimensión que adquirió la corrupción en el país.

“El gran problema en Honduras es que la corrupción se logró expandir tanto, a tal grado que se integró como una parte fundamental del quehacer de la reproducción del poder político desde el siglo XX, pero sobre todo en el proceso de búsqueda de la construcción de democracia y que trasciende a los partidos”, comentó.

El estudio completo puede descargarse desde la biblioteca de Flacso Honduras, haciendo clic aquí.

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