Realizan foro público para dar a conocer proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia

Para garantizar transparencia de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justica, el Gobierno de Honduras realizó el foro público, “Hacia una Honduras Justa y Transparente”, que tiene como objetivo el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país. 

El foro se realizó en la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), en el auditorio del Edificio Alma Mater, teniendo como panelistas al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el Secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor, el secretario de Transparencia y combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, entre otras destacadas personalidades del gobierno.  

“Para que las personas que ostenten este cargo de magistrados, debe ser por una elección justa, por su capacidad, normalizando y definiendo los procesos para una ley que de verdad represente los valores que se merece el pueblo hondureño”, expresó Luis Redondo, Presidente del Congreso Nacional. 

Informe 

Basado en el informe del Relator Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizado en el 2019, se hicieron recomendaciones para hacer frente a problemas estructurales que afectan al país a través de una labor para fortalecer la independencia y la eficacia del sistema de justicia,  ya que este no ha repercutido significativamente en el aumento del acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad, por ello el Gobierno de Honduras y el Congreso Nacional, plantearon cierta reformas para mejorar las elecciones. 

“Esta elección permite a todos los abogados competentes con capacidades de participar como magistrados para la Corte Suprema de Justicia y de esa manera quitar esos sesgos que se han venido manejando por siempre en las elecciones que se han dado”, comentó Ivon Ardón, Comisionada del Instituto al Acceso de la Información Pública. Asimismo, dijo que lo importante en este proceso, se dé desde la idoneidad, para que los magistrados que lleguen hagan una impartición de justicia justa y oportuna. 

“Necesitamos una verdadera Corte Suprema que pueda responder a la lucha anticorrupción y la impunidad que va iniciar la CICI (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras) cuando se establezca, por tanto debemos crear las condiciones para que la elección vaya directamente a la idoneidad de los candidatos, y que no se base en cuestiones meramente formales, sino que se base en la calidad profesional, humana y personal, necesitamos gente confiable”, manifestó Edmundo Orellana, Secretario de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Proceso  

El proceso de selección dará inicio el 31 de octubre de 2022. La Presidencia del Congreso Nacional convocará a una Junta Nominadora que tiene como mandato constitucional y legal, integrar una nómina por el triple del número de vacantes existentes para entregarla al Congreso Nacional, quien realizará la elección final. 

El desafío de esta selección impacta en la legitimidad y credibilidad de la actuación judicial, así como en su capacidad para garantizar la protección efectiva de los Derechos Humanos como se ha enfatizado en diferentes procedimientos internacionales de supervisión de estos. 

De acuerdo con el artículo 308 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia está conformada por 15 magistrados, y el 314 establece que serán elegidos por un periodo de 7 años a partir de la fecha en que presenten promesa de ley, pudiendo ser reelectos. 

“Estamos en una etapa de desmontaje de un gobierno autoritario para reconstruir el país desde una forma genuina y en compromiso con la sociedad”, expresó Rodolfo Pastor, Secretario de Presidencia. 

Isabel Albaladejo, representante de las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), manifestó el compromiso de brindar asistencia técnica para desarrollar la elección de los magistrados, y de esa manera, hacer mejoras al sistema donde los mismos abogados puedan, si desean, auto proponerse para el cargo. 

Estas prácticas evitarían la declaración desierta del concurso, garantizando la elección en tiempo y forma, con propuestas completas e identificación de los candidatos, donde la única evaluación obligatoria será la prueba de confianza, que debe aplicarse a todos los servidores públicos, incluyendo los funcionarios de alto nivel del poder judicial. 

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