Reformas que dieron origen a las ZEDE altera artículos pétreos: Consejo de Educación Superior

Aunque la iniciativa se presenta como novedosa, en realidad es una actualización de ensayos mercantilistas, indica el CES. (Foto de archivo).

El Consejo de Educación Superior (CES), órgano que aglutina a las 21 universidades públicas y privadas del país, el fin de semana se pronunció sobre las reformas constitucionales que dieron origen a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), a las que calificó de inconstitucionales por alterar artículos pétreos sobre el territorio, soberanía nacional y la forma de gobierno.

El CES definió que los artículos 19, 294, 329, 374 y 375 de la Constitución de la República, que la Ley Orgánica de las ZEDE viola de manera flagrante, solo pueden ser modificados por una Asamblea Nacional Constituyente ya que son considerados pétreos.

El máximo órgano de la educación superior del país subrayó que la acción legislativa, aunque siguió aspectos de forma para concretarse, terminó contraviniendo principios constitucionales irreformables de ordenamiento territorial y de soberanía popular, alterando el orden jurídico y gestándose bajo vicios de nulidad.

El comunicado de las instituciones de educación superior expuso que el Congreso Nacional se atribuyó competencias que la Carta Magna no le otorga (art. 294), al crear entidades territoriales autónomas y sustraerlas del ordenamiento jurídico nacional, cambiando la forma de Estado y creando de facto una entidad federal y no unitaria con la redistribución de competencias donde se cede y se renuncia a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

Resalta que al trasladar la función de aprobación de zonas sujetas a regímenes especiales al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), el CN abandona su potestad constitucional al trasladarla a una entidad de menor jerarquía, alterando el ordenamiento jurídico del país (art. 206 y 329 constitucional).

“Aunque se pretenda crear la falsa ilusión de que se abrirá la participación de las comunidades en la decisión sobre su incorporación a las ZEDE, las fórmulas pensadas son inconstitucionales, pues las circunscripciones geográficas determinadas por la Carta Magna son a nivel nacional, regional, subregional, departamental o municipal. No existe la figura de plebiscito o referéndum creados para extensiones territoriales menores”, plantea el documento.

Historia

El CES subraya que la insistencia en los beneficios económicos de la propuesta, que opera como una cortina de humo para volver invisible una de las mayores violaciones a la Constitución en toda la historia del país, forma parte de una larga tradición en la historia republicana en Honduras en la que las élites políticas locales entregaron la soberanía a diversos grupos extranjeros que ocuparon regiones del territorio, justificando su presencia como una forma de “desarrollar” los espacios donde se establecieron.

“Desde las compañías inglesas que explotaron caoba hondureña y la creación del Estado ficticio de Poyáis, ambos en el siglo XIX, hasta los enclaves minero y bananero en el siglo XX, nuestra historia demuestra que esas iniciativas significaron una lamentable injerencia política en los asuntos de país, impidiendo el desarrollo de la democracia y los pueblos alrededor donde se asentaron”, amplía el documento público.

Aunque la iniciativa se presenta como novedosa, en realidad es una actualización de ensayos mercantilistas previos al surgimiento del capitalismo moderno en el siglo XVII, cuando las monarquías absolutas de Europa otorgaban dominio de territorios conquistados a compañías privilegiadas.

La paradoja es que esto -las ZEDE- no es el resultado de la imposición de una potencia colonial, sino de un Estado que cede voluntariamente parte de su poder soberano sobre su territorio, su pueblo y su razón de ser.

Enuncia que las dudas generalizadas sobre su funcionamiento y constitucionalidad, las largas batallas legales y políticas que se avecinan, la falta de transparencia en su gestión terminará reduciendo el estímulo a la inversión. Por lo que avizora que esto vendrá acompañado de enormes riesgos económicos de mediano y largo plazo para el país, pues las garantías de protección a la inversión otorgadas a 10 y 50 años contenidos en la normativa aprobada, en caso de modificación o derogación de las mismas, expondrán al Estado a demandas millonarias.

Por lo anterior, el CES proyecta que las ZEDE no serán polos de desarrollo esperado, sino una carga fiscal paralela a la deuda externa, en pago de indemnizaciones que al final deberán costearlas los contribuyentes.

Asimismo, interpretó que la reforma que le dio origen a las ZEDE violenta los preceptos constitucionales referidos a la educación superior (artículos 156, 157, 159 y 160), pues abre la posibilidad de creación de sistemas educativos paralelos y otorgamientos de títulos a nivel universitario, sin la existencia de contrapesos sistémicos que puedan contribuir a la gestión de la calidad, idoneidad y pertinencia. Por lo anterior, formula que la desregulación territorial de la educación superior sin supervisión expone a Honduras al desempeño profesional desordenado de las carreras universitarias, lo cual lleva explícito daños a los hondureños, lo que convertiría en el mayor retroceso desde 1847 en la construcción de una sociedad del conocimiento.

Por todo lo expuesto anteriormente, el órgano que rige la educación superior en el país hizo un llamado enérgico a los diputados del CN para que enmienden su error, restableciendo los artículos constitucionales reformados con el objetivo de dar paso a la ley de las ZEDE y derogar dicha ley por ser violatoria a la Constitución de la República.

Al Poder Ejecutivo demandó cesar la autorización de estos regímenes especiales mientras tanto el CN no ajuste la regulación actual a lo que manda la Carta Magna, al estar incurriendo en una vulneración del principio de legalidad contenido en el artículo 321 constitucional.

Mientras que a la Corte Suprema de Justicia, el CES le manifestó su gran preocupación por el deterioro que está sufriendo el Poder Judicial como consecuencia de las acciones que se han tomado para justificar la violación de la Carta Magna.

Por otro lado, animó a la sociedad hondureña a pronunciarse a favor de la democracia y el estado de derecho, finalmente, instó a los tres Poderes del Estado, líderes políticos, sectores productivos, gremios profesionales, obreros, campesinos, empresarios, academia, iglesias, asociaciones ciudadanas y a la ciudadanía en general, al establecimiento de un diálogo abierto que sirva de punto de partida para lograr una verdadera unidad nacional.

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